Abogado de impugnación de acuerdos sociales en Santa Cruz de Tenerife

Esto es lo que más gente descubre cuando ya es tarde. La acción para impugnar un acuerdo social tiene fecha de caducidad, y no es generosa.

El artículo 205 de la Ley de Sociedades de Capital marca, con carácter general, un año. Es decir, dispones de un año para impugnar el acuerdo, contado desde que se adoptó o, según el caso, desde que pudiste conocerlo. Vencido ese año, el derecho a impugnar caduca, y caduca de forma definitiva, por evidente que fuera el abuso. En las sociedades cotizadas la ventana es aún menor: tres meses.

Hay un matiz que conviene tener bien claro, porque por ahí se cuela mucho error ajeno: a veces se da por hecho que basta con un par de meses, o se confunde con plazos de otros procedimientos, y no es así. El plazo general es de un año, ni más ni menos. Y existe una sola excepción de calado: los acuerdos contrarios al orden público no caducan ni prescriben. Son los casos más graves, los que chocan con principios esenciales del ordenamiento, y esos se pueden impugnar siempre. Pero ojo, el orden público es una categoría muy estrecha; no todo acuerdo ilegal entra ahí. Confiar en que tu caso es de orden público y dejar correr el año puede arruinar una impugnación que habría prosperado a tiempo.

En román paladino: salvo ese supuesto excepcional, el reloj arranca con el acuerdo, y un año se evapora cuando estás peleando con el negocio cada día. Y hay un segundo motivo para no demorarse, aparte del plazo: cuanto antes te muevas, mejor conservas la prueba (el acta, las cuentas, los correos, lo que se dijo y quién lo oyó). Si sospechas que te han metido un acuerdo abusivo, lo sensato es que te lo revisen cuanto antes.

No cualquiera puede impugnar cualquier acuerdo. Hay reglas concretas que conviene conocer antes de dar el paso.

El artículo 206 de la Ley de Sociedades de Capital reparte la legitimación de esta forma:

• Los socios que sumen al menos el 1% del capital social, ya sea uno solo o varios juntando entre todos. Es un umbral pensado justamente para que el minoritario tenga voz: no hace falta controlar la sociedad para impugnar, basta con ese 1%. Y atención, porque los estatutos pueden rebajar ese porcentaje, así que merece la pena leer qué dicen los vuestros.
• Los administradores de la sociedad, también legitimados para impugnar.
• Cualquier tercero que acredite un interés legítimo en la anulación del acuerdo.

Para los acuerdos contrarios al orden público, los más graves, la legitimación se abre por completo: puede impugnar cualquier socio, cualquier administrador y cualquier tercero, con independencia de su porcentaje.

¿Por qué importa esto en tu caso? Porque si eres un socio pequeño que se siente sin fuerza frente a la mayoría, ese 1% (o el umbral menor que fijen tus estatutos) es precisamente la palanca que la ley te entrega para plantarte. No estás obligado a aguantar solo por tener pocas participaciones. Lo primero que revisamos es si tienes legitimación y por qué vía, porque de eso depende todo lo que viene después.

Esta es una clave que casi nadie tiene clara y que conviene fijar desde el principio. La impugnación de acuerdos sociales no se ventila en cualquier juzgado civil. Es competencia de los Juzgados de lo Mercantil, y en concreto los del domicilio social de la empresa.

¿Qué supone eso en la práctica? Que si tu sociedad tiene su domicilio en Tenerife, la impugnación se interpone ante los Juzgados de lo Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, los mismos que conocen de sociedades, competencia desleal, marcas, patentes o concursos. Es decir, jueces especializados que trabajan el derecho de sociedades a diario y entienden cómo respira un conflicto entre socios. El asunto se tramita por juicio ordinario, no por el cauce abreviado.

Para ti esto tiene dos consecuencias prácticas. La primera, que la demanda hay que armarla bien desde el inicio y ante el juzgado que corresponde, porque equivocarse de vía hace perder un tiempo que, con la caducidad de un año encima, no sobra. La segunda, que el foro de Santa Cruz de Tenerife es un dato objetivo que ancla tu asunto a la isla al margen de dónde tenga el despacho tu abogada: lo que fija la competencia es el domicilio de la sociedad, no la calle del bufete. Lo mismo ocurre con el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, que es donde figura inscrita tu sociedad y donde se anotan las incidencias que la afectan. Conocer cómo se mueve esa jurisdicción y cuánto valora la prueba es lo que ayuda a afinar la estrategia, y en impugnación de acuerdos la prueba lo es casi todo.

Hasta aquí hemos hablado, sobre todo, de la junta general, que es donde estallan la mayoría de los conflictos. Pero hay que saber que no solo se impugnan los acuerdos de la junta: también los del consejo de administración, el órgano que dirige el día a día de la sociedad. Y aquí hay particularidades que pesan.

El artículo 251 de la Ley de Sociedades de Capital regula esta vía. Un acuerdo del consejo contrario a la ley o a los estatutos, o que lesione el interés social en beneficio de unos pocos, se puede atacar. Pero la legitimación y el plazo cambian respecto a la junta:

• Quién puede impugnar. Los administradores, y también los socios que representen al menos el 1% del capital social.
• El plazo es mucho más corto. La acción caduca en treinta días. Para los administradores, desde que se adoptó el acuerdo; para los socios, desde que tuvieron conocimiento de él, siempre que no haya transcurrido un año desde su adopción.

Esto cuenta, y mucho, en sociedades donde el poder real está en el consejo. El socio que ve cómo el órgano de administración aprueba operaciones que le perjudican no se queda sin defensa por el hecho de que la decisión no pasara por la junta. Pero esos treinta días vuelan, así que la rapidez aquí es todavía más decisiva que con los acuerdos de la junta.

Un pleito de impugnación lleva su tiempo y, mientras tanto, el acuerdo impugnado puede seguir surtiendo efectos y causando un daño que después cueste reparar. Para eso están las medidas cautelares, una de las piezas que más se agradece tener cuando el acuerdo aprieta de verdad.

Junto con la demanda de impugnación, o incluso antes en casos urgentes, se puede pedir al juzgado que adopte medidas para que el acuerdo no haga daño mientras se resuelve el fondo. Las dos más habituales son:

• La suspensión del acuerdo impugnado, para que no se ejecute ni produzca efectos hasta que el juez decida. Es lo que impide que, por ejemplo, una ampliación de capital diseñada para reducir tu peso se consume antes de que el pleito acabe.
• La anotación preventiva de la demanda en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, que avisa a terceros de que ese acuerdo está siendo impugnado y protege tu posición frente a quien pretenda escudarse en él.

No son automáticas: hay que acreditar al juzgado que existe apariencia de buen derecho y que esperar a la sentencia te causaría un perjuicio difícil de reparar. Por eso conviene plantearlas bien desde el primer momento y con la prueba ordenada. Pedir la cautelar adecuada en el instante oportuno puede ser la diferencia entre ganar un pleito sobre algo que ya no tiene arreglo y cortar el daño a tiempo.

Una impugnación de acuerdos rara vez viene sola. Suele ser la punta de un iceberg: detrás hay un conflicto entre socios que lleva tiempo cociéndose y que revienta en la junta. Lo vemos a menudo en sociedades de Tenerife, especialmente en empresa familiar y en sociedades de dos o tres socios, con un tejido en el que pesan el turismo, el comercio y la náutica: la rama mayoritaria que decide sin contar con el resto, el socio al 50% que bloquea la sociedad, el minoritario al que se le niega la información y se le corta el dividendo hasta que se harta o malvende su parte.

Por eso, cuando nos llega una impugnación, no la miramos en el vacío. La leemos dentro del conflicto completo: qué dicen los estatutos, si hay un pacto de socios que se está incumpliendo, cómo se han portado las mayorías, qué información se te ha ocultado. A veces la mejor jugada no es solo impugnar el acuerdo concreto, sino plantear la situación entera. Y a veces lo más eficaz es un buen requerimiento previo que reconduzca las cosas antes de llegar al Juzgado de lo Mercantil de Santa Cruz de Tenerife. Lo vemos contigo, hecho a hecho.

No siempre estás en el bando del que impugna. Si eres administrador, formas parte de la mayoría o eres la propia sociedad, puede que lo que recibas sea una demanda de impugnación contra un acuerdo que tú consideras perfectamente válido. Y entonces el problema se invierte: defender que el acuerdo se sostiene.

La cosa cambia de lado pero no baja la exigencia. Un socio descontento puede impugnar un acuerdo correcto confundiendo lo que no le gusta con lo que es ilegal, o tratar de paralizar a la sociedad por la vía del pleito. Recibir una demanda de impugnación no significa que el otro lleve razón, igual que tampoco la lleva siempre la mayoría.

Lo que hacemos es analizar en frío la validez del acuerdo: si se adoptó conforme a la ley y a los estatutos, si responde a una necesidad real de la sociedad y no a un abuso, y si el defecto que alega el demandante es de los que cuentan o de los meramente formales que el artículo 204.3 deja fuera. Si el acuerdo es sólido, se defiende con firmeza para que la sociedad pueda seguir funcionando sin quedar secuestrada por una impugnación. Defender bien un acuerdo válido es tan importante como impugnar uno abusivo.

Y tanto para impugnar como para defender, todo se juega en la prueba: el acta de la junta, el orden del día y la forma de convocatoria, el sentido de tu voto y de tu oposición, las cuentas y la documentación económica que sostiene o desmonta el acuerdo, los correos previos y los testigos de lo que se dijo. El Juzgado de lo Mercantil no anula acuerdos por intuiciones, los anula por motivos acreditados. Por eso, desde el primer momento, pensamos en clave de prueba, sin perder de vista el reloj de la caducidad, que no espera a que termines de juntar papeles.