Abogado de estatutos sociales en Vigo

No se tocan los estatutos por deporte. Pero hay momentos en la vida de una sociedad en los que modificarlos deja de ser opcional y pasa a ser lo cabal. Estos son los que más se repiten:

• Entra o sale un socio. Una ampliación de capital, una venta de participaciones o la llegada de un inversor casi siempre obligan a repasar el régimen de transmisión, las mayorías y el reparto de poder. Lo que valía para los fundadores rara vez aguanta intacto cuando cambia quién está dentro.
• Cambia el órgano de administración. Saltar de un administrador único a dos solidarios, a mancomunados o a un consejo es una modificación estatutaria de manual. No se resuelve con un acuerdo de palabra: hay que entrar en los estatutos.
• Cambia el objeto social. La empresa arranca a dedicarse a cosas que no figuraban, o suelta otras. El objeto social que pusiste al constituir se queda corto o desfasado y conviene afinarlo para que la actividad real y la declarada en los estatutos vayan a una.
• Asoma un conflicto que el modelo no preveía. Un bloqueo entre dos socios al cincuenta por ciento, una bronca por quién decide qué, un socio que ya no rema. A veces la salida pasa por reformar los estatutos para que el siguiente encontronazo no se estrelle contra el mismo hueco.

En todos estos casos se juega lo mismo: que la norma interna de tu empresa diga exactamente lo que quieres que diga. Y eso no lo apaña un remiendo, se logra ordenando los estatutos con cabeza.

Modificar los estatutos no es cambiar un papel guardado en un cajón. Es un acto con forma propia, regulado en los artículos 285 a 290 de la Ley de Sociedades de Capital, y vale la pena conocer la secuencia antes de meterse, porque cada paso tiene su porqué.

La modificación de estatutos corresponde a la junta general. No la decide el administrador a su aire ni se cierra de palabra: la tiene que aprobar la junta de socios con una mayoría reforzada, por encima de la ordinaria. En la sociedad limitada hace falta el respaldo de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divide el capital social. Por eso, antes de mover nada, conviene saber si los votos están de tu parte. Por añadidura, los administradores deben redactar un informe que justifique la modificación propuesta, y la convocatoria de la junta tiene que dejar negro sobre blanco los puntos que se van a tocar.

Aprobada la modificación en junta, hay que elevarla a público, es decir, otorgar escritura pública ante notario que recoja el acuerdo y la nueva redacción. Y después, inscribir esa escritura en el Registro Mercantil. Y aquí conviene una precisión que mucha gente da por hecha mal: Vigo no tiene un registro mercantil con su nombre. Vigo pertenece a la provincia de Pontevedra, así que la inscripción se practica en el Registro Mercantil de Pontevedra, que es el competente para las sociedades domiciliadas en Vigo. Saber cuál es el registro de tu provincia evita confusiones al presentar la documentación.

Este último paso es el que más gente subestima, y es el que más pesa. Mientras la modificación no se inscribe, de puertas afuera siguen mandando los estatutos antiguos. Llano: puedes haber aprobado en junta un cambio impecable, pero si no llega al Registro Mercantil de Pontevedra, para un banco, un proveedor o cualquier tercero ese cambio todavía no ha pasado. La oponibilidad frente a terceros nace con la inscripción, no con la firma del acuerdo.

Aquí se cuela una confusión muy frecuente, y aclararla bien te ahorra disgustos. Estatutos y pacto de socios no son lo mismo ni sirven para lo mismo.

Los estatutos son públicos. Se inscriben en el Registro Mercantil, cualquiera puede consultarlos y, por eso mismo, son oponibles a todos: obligan a la sociedad, a los socios y a terceros. Lo que figura en los estatutos vale frente a cualquiera. A cambio, hay materias que no caben ahí, porque no te interesa que se sepan o porque la ley no admite colarlas en el articulado.

El pacto de socios es privado. Es un acuerdo entre los socios que ni se inscribe ni se publica, y que regula vuestra relación con un grado de detalle que los estatutos no suelen permitirse. Al ser privado, solo obliga a quienes lo firman, no a terceros. A cambio, te da margen para pactar asuntos que en los estatutos no querrías sacar a la luz.

Llano: lo que tiene que valer ante todos y dar seguridad pública va a los estatutos. Lo que es asunto interno entre socios y prefieres mantener reservado va al pacto de socios. Lo sensato en una empresa bien ordenada es tener las dos piezas, encajadas entre sí, sin que una contradiga a la otra. Cuando revisamos los estatutos de una sociedad que ya funciona, miramos también si hay pacto de socios y si ambos documentos se entienden o tropiezan el uno con el otro.

Conviene detenerse aquí, porque es lo que casi nadie ve venir hasta que llega tarde. Los estatutos de modelo no dan problemas mientras todo va sobre ruedas. Los dan el día que algo se tuerce, y entonces los dan todos de golpe.

Un catálogo está pensado para no molestar a nadie y servir a cualquier empresa, lo que significa que no sirve del todo a la tuya. No recoge tu reparto de poder, ni tu manera de decidir, ni qué pasa si un socio concreto se quiere marchar. Remite a los mínimos legales y se desentiende de lo demás. Mientras hay buen rollo entre los socios, no se nota. El día que se evapora, descubres que lo importante nunca quedó escrito.

Lo vemos a diario: sociedades que arrastran años con los mismos estatutos del primer día, idénticos a los de miles de empresas, sin nada que hable de lo propio de ese negocio. Y el problema no es solo lo que falta. A veces es lo que sobra: cláusulas heredadas que nadie llegó a leer y que, en el momento decisivo, deciden algo que ningún socio quería. Lo que no queda bien atado se paga caro, y deshacer un conflicto cuesta mucho más que reformar a tiempo unos estatutos para que ese conflicto ni asome la cabeza.

Hay un vínculo que conviene tener claro desde el primer día: cómo configures el órgano de administración en los estatutos no va solo de agilidad, también reparte responsabilidad.

Constituir una sociedad limita la responsabilidad del socio al capital que aporta. Eso es verdad y es una de las grandes ventajas de la SL. Pero la responsabilidad del administrador juega en otra liga. El administrador asume deberes legales y, si los incumple, puede acabar respondiendo con su propio patrimonio. Uno de los casos más típicos lo recoge el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital: cuando la sociedad incurre en causa de disolución (por ejemplo, pérdidas que dejan el patrimonio por debajo de la mitad del capital) y el administrador no convoca la junta en plazo para encauzar la situación, puede terminar respondiendo solidariamente de las deudas sociales nacidas a partir de entonces.

Por eso, cuando revisamos unos estatutos, miramos también quién administra y con qué estructura: si hay administrador único, varios solidarios, mancomunados o consejo, y qué riesgo asume cada figura. Dejar esto bien definido en los estatutos es lo que evita que alguien cargue, sin enterarse, con responsabilidades que no le correspondían. Se decide bien en frío, no cuando el problema ya está dentro de casa.