No todos los acuerdos se toman en la junta. Algunos de los que más pesan salen de una reunión del consejo de la que nadie te avisó.
Impugnación de acuerdos de juntas presenciales y telemáticas, y de consejos de administración, en sociedades con domicilio en Barcelona y su provincia.
Una sociedad anónima barcelonesa celebra su junta por videoconferencia y la mitad de los accionistas minoritarios no consigue votar porque la plataforma falla. Un consejo de administración aprueba un préstamo a una empresa del consejero delegado. Una junta de una limitada aprueba, con el voto decisivo del socio afectado, liberarle de su obligación de no competir. Son situaciones muy distintas y todas tienen algo en común: el acuerdo es válido y se ejecuta hasta que alguien lo impugna con éxito.
Llevamos impugnaciones de acuerdos de sociedades de Barcelona desde nuestra sede de Madrid, en remoto, y nos desplazamos a la Ciutat de la Justícia cuando el procedimiento lo pide. Lo primero que hacemos es identificar qué órgano adoptó el acuerdo, porque de eso dependen el plazo y quién puede impugnar.
Los acuerdos del consejo de administración también se pueden impugnar, por las mismas causas que los de la junta, y además por defectos propios del consejo, como una convocatoria irregular o una reunión sin quórum. Pero los plazos son mucho más cortos. Los consejeros tienen treinta días desde que se adoptó el acuerdo. Los socios que representen al menos el 1 % del capital tienen treinta días desde que lo conocieron, siempre que no haya pasado un año desde su adopción.
El problema práctico es que los socios no asisten al consejo y a menudo se enteran tarde, cuando el préstamo ya se ha concedido o el contrato ya se ha firmado. Por eso, si sospechas que el consejo de tu sociedad toma decisiones relevantes sin informar, conviene usar el derecho de información en cada junta y pedir explicaciones por escrito. Y si eres consejero minoritario, deja constancia en el acta de tu voto en contra y de tus razones el mismo día.
Desde 2021 las sociedades pueden celebrar juntas exclusivamente telemáticas si sus estatutos lo prevén, y muchas sociedades de Barcelona con socios repartidos por varios países lo han incorporado. La ley exige que se asegure la identidad de los asistentes y que puedan intervenir y votar en tiempo real. Si eso falla, aparecen motivos de impugnación que antes no existían.
No cualquier incidencia técnica anula el acuerdo. La ley no admite impugnaciones por defectos de procedimiento irrelevantes, y el juez valorará si el fallo impidió de forma real participar o votar a quien impugna. Por eso, si te ha pasado, guarda capturas, correos y cualquier prueba del problema en el momento, y pide que conste en el acta.
Además de la junta telemática y el consejo, estos son los acuerdos que con más frecuencia revisamos.
Si un acuerdo se aprueba con el voto decisivo de un socio que tenía un conflicto de interés, la sociedad tiene que probar que el acuerdo es conforme al interés social.
Los acuerdos que lo vulneran por su causa o contenido pueden impugnarse sin plazo de caducidad.
Si se te negó información esencial para votar de forma razonable, el acuerdo puede caer.
El acuerdo impuesto por la mayoría en su propio interés y sin necesidad razonable de la sociedad lesiona el interés social.
Esta es una regla poco conocida que en sociedades familiares barcelonesas tiene mucho juego. En la limitada, el socio no puede votar en ciertos acuerdos que le afectan directamente: liberarle de una obligación, dispensarle de la prohibición de competir, autorizar que la sociedad le preste dinero o excluirle. Fuera de esos casos sí puede votar, pero si su voto es decisivo para aprobar un acuerdo en el que tiene un conflicto de interés, la carga de la prueba se invierte en la impugnación.
Es decir, ya no es el socio que impugna quien tiene que demostrar que el acuerdo perjudica a la sociedad. Es la sociedad, y en su caso el socio conflictuado, quien tiene que probar que el acuerdo responde al interés social. En pleitos donde la prueba está en manos de quien administra, esa inversión es decisiva. Lo identificamos al leer el acta, comprobando quién votó qué y qué relación tenía con el asunto.
Ganar la impugnación no significa que todo vuelva automáticamente a su sitio. La sentencia que anula un acuerdo afecta a todos los socios, aunque no hayan litigado, y si el acuerdo estaba inscrito se inscribe también la sentencia en el Registro Mercantil de Barcelona, que cancela su inscripción y la de los asientos posteriores que la contradigan. Pero los derechos que terceros de buena fe adquirieron confiando en el acuerdo anulado quedan, en general, protegidos.
Por eso, cuando el acuerdo impugnado permite a la sociedad firmar contratos, transmitir bienes o dar entrada a nuevos socios, valoramos desde el principio si pedir medidas cautelares. Una sentencia favorable que llega cuando el patrimonio ya ha cambiado de manos repara poco. Planificar el pleito pensando en lo que quedará el día de la sentencia es tan importante como acertar con los motivos de impugnación.
Identificamos si el acuerdo es de junta o de consejo, cuándo se adoptó o se conoció y cuánto margen queda.
Reunimos acta, convocatoria, grabaciones y comunicaciones, y valoramos con la otra parte una salida antes de demandar.
Presentamos la demanda ante la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Barcelona y, si hace falta, pedimos la suspensión del acuerdo.
Sí. No hace falta haber asistido ni haber votado en contra, siempre que fueras socio antes del acuerdo y alcances el porcentaje que fija la ley o los estatutos.
Puede ser muy útil, sobre todo para acreditar fallos técnicos o intervenciones que no constan en el acta. Conviene conservarla íntegra y sin editar.
Sí, si incluyen una cláusula de arbitraje válida. En ese caso la impugnación se resuelve en un arbitraje administrado por una institución arbitral.
La exigencia de un medio adecuado de solución de controversias de la Ley Orgánica 1/2025 en impugnaciones de acuerdos está discutida. La cubrimos siempre para que no frene la demanda. Si el conflicto es más amplio, mira conflictos entre socios en Barcelona y la gestión societaria para prevenirlos. El marco general está en impugnación de acuerdos sociales.

Me dedico al Derecho Mercantil desde Madrid y llevo impugnaciones de acuerdos de juntas y consejos de sociedades de distintas plazas. Con las de Barcelona trabajo a distancia y viajo para las vistas.
En estos asuntos la diferencia la marcan los primeros días: el plazo, el acta y la prueba que se guardó a tiempo.
Colegiada ICAM 138229.
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