Abogado de impugnación de acuerdos sociales en Barcelona

Esto es lo que más gente descubre tarde, y cuando lo descubre ya no hay remedio. La acción para impugnar un acuerdo social tiene plazo, y no es largo.

El artículo 205 de la Ley de Sociedades de Capital fija con carácter general un año de caducidad. Es decir, tienes un año para impugnar el acuerdo, contado desde que se adoptó o, según el caso, desde que pudiste conocerlo. Pasado ese año, el derecho a impugnar caduca, y caduca para siempre, por muy claro que fuera el abuso. En las sociedades cotizadas el plazo es todavía más corto: tres meses.

Hay una excepción importante que conviene tener clara: los acuerdos contrarios al orden público no caducan ni prescriben. Son los casos más graves, los que chocan con principios esenciales del ordenamiento. Esos se pueden impugnar siempre. Pero ojo, el orden público es una categoría estrecha; no todo acuerdo ilegal entra ahí. Dar por hecho que tu caso es de orden público y dejar pasar el año puede salir muy caro.

En cristiano: salvo el supuesto excepcional del orden público, el reloj empieza a correr con el acuerdo, y un año vuela cuando andas peleando con el día a día. Y hay otra razón para no dormirse, más allá del plazo: cuanto antes actúes, mejor conservas la prueba (el acta, las cuentas, los correos, los testigos de lo que se dijo en la junta). Si crees que te han colado un acuerdo abusivo, lo primero es que te lo miren cuanto antes.

No cualquiera puede impugnar cualquier acuerdo, y aquí hay reglas concretas que te conviene conocer antes de lanzarte.

El artículo 206 de la Ley de Sociedades de Capital reparte la legitimación así:

• Los socios que reúnan al menos el 1% del capital social, ya sea uno solo o varios sumando entre todos. Es un umbral pensado precisamente para que el minoritario tenga voz: no necesitas controlar la sociedad para impugnar, basta con ese 1%. Y atención, porque los estatutos pueden rebajar ese porcentaje, así que conviene mirar qué dicen los vuestros.
• Los administradores de la sociedad, que también están legitimados para impugnar.
• Cualquier tercero que acredite un interés legítimo en que el acuerdo se anule.

Para los acuerdos contrarios al orden público, los más graves, la legitimación se abre del todo: está legitimado cualquier socio, cualquier administrador y cualquier tercero, tenga el porcentaje que tenga.

¿Por qué importa esto en tu caso? Porque si eres un socio pequeño que se siente sin fuerza frente a la mayoría, ese 1% (o el umbral menor que fijen los estatutos) es justo la herramienta que la ley te da para plantarte. No estás obligado a tragar solo por tener pocas participaciones. Lo primero que miramos es si tienes legitimación y por qué vía, porque de ahí depende todo lo demás.

Esta es una clave que casi nadie tiene clara, y conviene entenderla desde el principio. La impugnación de acuerdos sociales no se ventila en un juzgado civil cualquiera. Es competencia de los Juzgados de lo Mercantil, y en concreto los del domicilio social de la empresa.

¿Qué significa eso en la práctica? Que si la sociedad tiene su domicilio en Barcelona, la impugnación se interpone ante los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, los mismos que ven sociedades, competencia desleal, marcas, patentes o concursos. Es decir, jueces especializados que manejan el derecho de sociedades a diario y saben de qué va un conflicto entre socios. El asunto se tramita por juicio ordinario, no por el procedimiento abreviado.

Para ti esto tiene dos consecuencias prácticas. La primera, que la demanda hay que plantearla bien desde el inicio y ante el juzgado que toca, porque equivocarse de vía hace perder un tiempo que, con la caducidad de un año encima, no sobra. La segunda, que el foro de Barcelona es un hecho objetivo que ata tu asunto a la ciudad con independencia de dónde esté tu abogada: lo que decide la competencia es el domicilio de la sociedad, no la calle del despacho. Conocer cómo respira esa jurisdicción y qué peso le da a la prueba es lo que ayuda a calcular la estrategia, y en impugnación de acuerdos la prueba pesa muchísimo.

Hasta aquí hemos hablado sobre todo de la junta general, que es donde más conflictos saltan. Pero conviene saber que no solo se impugnan los acuerdos de la junta: también se pueden impugnar los del consejo de administración, el órgano que gobierna el día a día de la sociedad. Y aquí hay particularidades que importan.

El artículo 251 de la Ley de Sociedades de Capital regula esta vía. Un acuerdo del consejo que sea contrario a la ley o a los estatutos, o que lesione el interés social en beneficio de unos pocos, se puede atacar. Pero la legitimación y el plazo cambian respecto a la junta:

• Quién puede impugnar. Los administradores, y también los socios que representen al menos el 1% del capital social.
• El plazo es mucho más corto. La acción caduca en treinta días. Para los administradores, desde que se adoptó el acuerdo; para los socios, desde que tuvieron conocimiento de él, siempre que no haya pasado un año desde su adopción.

Esto importa, y mucho, en sociedades donde el poder real está en el consejo. El socio que ve cómo el órgano de administración aprueba operaciones que le perjudican no se queda sin defensa por el hecho de que la decisión no pasara por una junta. Pero esos treinta días vuelan, así que aquí la rapidez es todavía más decisiva que con los acuerdos de la junta.

Un pleito de impugnación lleva su tiempo, y mientras tanto el acuerdo impugnado puede seguir desplegando efectos y causando un daño difícil de reparar. Para eso existen las medidas cautelares, que es una de las piezas que más se agradece tener cuando el acuerdo aprieta de verdad.

Junto con la demanda de impugnación, o incluso antes en casos urgentes, se puede pedir al juzgado que adopte medidas para que el acuerdo no haga daño mientras se resuelve el fondo. Las dos más habituales son:

• La suspensión del acuerdo impugnado, para que no se ejecute ni produzca efectos hasta que el juez decida. Es lo que evita que, por ejemplo, una ampliación de capital pensada para diluirte se consume antes de que el pleito termine.
• La anotación preventiva de la demanda en el Registro Mercantil, que advierte a terceros de que ese acuerdo está siendo impugnado y protege tu posición frente a quien pretenda ampararse en él.

No son automáticas: hay que justificar al juzgado que existe apariencia de buen derecho y que esperar a la sentencia te causaría un perjuicio difícil de reparar. Por eso conviene plantearlas bien desde el primer momento y con la prueba ordenada. Pedir la cautelar adecuada, en el momento oportuno, puede ser la diferencia entre ganar un pleito sobre algo que ya no tiene arreglo y frenar el daño a tiempo.

Una impugnación de acuerdos casi nunca llega sola. Suele ser la punta de un iceberg: detrás hay un conflicto entre socios que lleva tiempo cociéndose y que estalla en la junta. Lo vemos constantemente en sociedades de Barcelona, sobre todo en empresa familiar y en sociedades de dos o tres socios: la rama mayoritaria que gobierna sin contar con el resto, el socio al 50% que bloquea la sociedad, el minoritario al que se le niega la información y se le cierra el dividendo hasta que se cansa o malvende su parte.

Por eso, cuando nos llega una impugnación, no la miramos aislada. La leemos dentro del conflicto entero: qué dicen los estatutos, si hay un pacto de socios que se está incumpliendo, cómo se han comportado las mayorías, qué información se te ha negado. A veces la mejor jugada no es solo impugnar el acuerdo concreto, sino plantear la situación completa. Y a veces lo más eficaz es un buen requerimiento previo que reconduzca las cosas antes de llegar al Juzgado de lo Mercantil de Barcelona. Lo vemos contigo, hecho a hecho.

No siempre se está en el lado del que impugna. Si eres administrador, formas parte de la mayoría o eres la propia sociedad, puede que lo que te llegue sea una demanda de impugnación contra un acuerdo que tú consideras perfectamente válido. Y entonces el problema es el contrario: defender que el acuerdo se sostiene.

Aquí la cosa cambia de bando pero no de exigencia. Un socio descontento puede impugnar un acuerdo correcto confundiendo lo que no le gusta con lo que es ilegal, o tratar de paralizar a la sociedad por la vía del pleito. Recibir una demanda de impugnación no significa que el otro tenga razón, igual que tampoco la tiene siempre la mayoría.

Lo que hacemos es analizar en frío la validez del acuerdo: si se adoptó conforme a la ley y a los estatutos, si responde a una necesidad real de la sociedad y no a un abuso, y si el defecto que alega el demandante es de los que cuentan o de los meramente formales que el artículo 204.3 deja fuera. Si el acuerdo es sólido, se defiende con firmeza para que la sociedad pueda seguir funcionando sin quedar secuestrada por una impugnación. Defender bien un acuerdo válido es tan importante como impugnar uno abusivo.

Y tanto para impugnar como para defender, todo se juega en la prueba: el acta de la junta, el orden del día y la forma de convocatoria, el sentido de tu voto y de tu oposición, las cuentas y la documentación económica que sostiene o desmonta el acuerdo, los correos previos y los testigos de lo que se dijo. El Juzgado de lo Mercantil no anula acuerdos por intuiciones, los anula por motivos acreditados. Por eso, desde el primer momento, pensamos en clave de prueba, sin perder de vista el reloj de la caducidad, que no espera a que termines de reunir papeles.