Abogado de estatutos sociales en Alicante

No se tocan los estatutos por capricho. Pero hay etapas en la vida de una sociedad en las que modificarlos deja de ser una opción y pasa a ser lo prudente. Estos son los supuestos que más nos llegan:

• Entra o sale un socio. Una ampliación de capital, la venta de participaciones o la incorporación de un inversor casi siempre obligan a revisar el régimen de transmisión, las mayorías y el equilibrio de poder. Lo que funcionaba entre los fundadores rara vez encaja tal cual cuando cambia el accionariado.
• Cambia el órgano de administración. Pasar de un administrador único a dos solidarios, a mancomunados o a un consejo es una modificación estatutaria en toda regla. No se resuelve con un acuerdo de palabra: hay que tocar los estatutos.
• Cambia el objeto social. La empresa empieza a hacer cosas que no estaban contempladas, o abandona otras. El objeto social que fijaste al constituir se queda corto o desfasado y conviene ajustarlo para que la actividad real y la declarada coincidan.
• Surge un conflicto que el modelo no preveía. Un bloqueo entre socios al cincuenta por ciento, una pelea sobre quién decide qué, un socio que ya no aporta nada. A veces la salida pasa por reformar los estatutos para que el siguiente choque no se encuentre el mismo vacío.

En todos estos casos lo que está en juego es lo mismo: que la norma interna de tu empresa diga exactamente lo que quieres que diga. Y eso no se arregla con un remiendo, se consigue ordenando los estatutos con criterio.

Modificar los estatutos no es retocar un documento guardado en una carpeta. Es un acto con forma propia, regulado en los artículos 285 a 290 de la Ley de Sociedades de Capital, y conviene comprender el recorrido antes de lanzarse, porque cada paso responde a una razón.

La modificación de estatutos compete a la junta general. No la decide el administrador por su cuenta ni se acuerda de viva voz: tiene que aprobarla la junta de socios con una mayoría reforzada, por encima de la ordinaria. En la sociedad limitada se necesita el respaldo de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divide el capital social. De ahí que, antes de mover ficha, convenga tener claro si cuentas con los votos. Además, los administradores deben elaborar un informe que justifique la modificación propuesta, y la convocatoria de la junta ha de expresar con nitidez los puntos que van a tocarse.

Aprobada la modificación en junta, hay que elevarla a público, es decir, otorgar escritura pública ante notario que recoja el acuerdo y la nueva redacción. Y a continuación, inscribir esa escritura en el Registro Mercantil. Si tu sociedad tiene su domicilio en Alicante, esa inscripción se practica en el Registro Mercantil de Alicante, el de tu provincia.

Este último paso es el que más gente pasa por alto, y resulta decisivo. Mientras la modificación no se inscribe, de cara al exterior siguen vigentes los estatutos anteriores. En román paladino: puedes haber aprobado en junta un cambio impecable, pero si no llega al Registro Mercantil de Alicante, para un banco, un proveedor o cualquier tercero ese cambio aún no existe. La oponibilidad frente a terceros nace con la inscripción, no con la firma del acuerdo.

Aquí se cuela una confusión muy habitual, y aclararla a tiempo te evita sustos. Estatutos y pacto de socios no son lo mismo ni cumplen la misma función.

Los estatutos son públicos. Se inscriben en el Registro Mercantil, cualquiera puede consultarlos y, precisamente por eso, son oponibles frente a todos: obligan a la sociedad, a los socios y a terceros. Lo que figura en los estatutos vale ante el mundo entero. A cambio, hay materias que no caben ahí, porque no quieres que sean públicas o porque la ley no permite llevarlas al articulado.

El pacto de socios es privado. Es un acuerdo entre los socios que ni se inscribe ni se publica, y que ordena la relación entre vosotros con un grado de detalle que los estatutos no suelen alcanzar. Al ser privado, solo vincula a quienes lo firman, no a terceros. A cambio, te concede libertad para pactar asuntos que en los estatutos no querrías sacar a la luz.

En román paladino: lo que tiene que valer frente a todos y dar certeza pública va en los estatutos. Lo que es cuestión interna entre socios y prefieres mantener reservado va en el pacto de socios. En una empresa bien ordenada lo normal es tener ambos documentos, coordinados entre sí, sin que uno contradiga al otro. Cuando revisamos los estatutos de una sociedad que ya opera, comprobamos también si existe pacto de socios y si los dos textos se entienden o se pisan.

Conviene detenerse aquí, porque es lo que casi nadie advierte hasta que ya es tarde. Los estatutos de modelo no generan problemas mientras todo marcha. Los generan el día que algo se mueve, y entonces los generan de golpe.

Una plantilla se escribe para no incomodar a nadie y servir a cualquier empresa, lo que equivale a decir que no sirve del todo a la tuya. No recoge tu reparto de poder, ni tu manera de tomar decisiones, ni qué ocurre si un socio concreto decide marcharse. Se remite a los mínimos legales y se desentiende de lo demás. Mientras hay buena sintonía entre los socios, eso pasa inadvertido. Cuando la sintonía se rompe, descubres que lo esencial nunca quedó por escrito.

Lo vemos con frecuencia: sociedades que llevan años operando con los mismos estatutos del primer día, calcados de los de miles de empresas, que no contemplan nada propio de ese negocio. Y el problema no es solo lo que falta. A veces lo que sobra: cláusulas heredadas que nadie llegó a leer y que, llegado el momento, deciden algo que ningún socio quería. Lo que no está bien atado acaba saliendo caro, y cuesta mucho más resolver un conflicto que reformar a tiempo unos estatutos para que ese conflicto no aparezca.

Hay una conexión que conviene tener presente desde el primer momento: cómo configures el órgano de administración en los estatutos no es solo cuestión de agilidad, también reparte responsabilidad.

Constituir una sociedad limita la responsabilidad del socio al capital que aporta. Eso es así y es una de las grandes virtudes de la SL. Pero la responsabilidad del administrador discurre por otro camino. El administrador tiene deberes legales y, si los desatiende, puede responder con su propio patrimonio. Uno de los supuestos más característicos lo recoge el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital: cuando la sociedad incurre en causa de disolución (por ejemplo, pérdidas que dejan el patrimonio por debajo de la mitad del capital) y el administrador no convoca la junta en plazo para encauzar la situación, puede terminar respondiendo solidariamente de las deudas sociales posteriores.

Por eso, cuando revisamos unos estatutos, miramos también quién administra y cómo está organizado el órgano: si hay administrador único, varios solidarios, mancomunados o consejo, y qué riesgo asume cada figura. Dejar esto bien definido en los estatutos es lo que impide que alguien cargue, sin saberlo, con responsabilidades que no le correspondían. Se decide bien con calma, no cuando ya hay un problema sobre la mesa.