Elegir bien dónde se discute un conflicto entre socios cambia cuánto dura y cuánto desgasta.
Bloqueos, separación, exclusión e impugnación de acuerdos en sociedades de la provincia de Alicante, con el juzgado como último recurso.
Empieza mucho antes. En una cuenta de gastos que nadie explica, en un socio que ya no aparece por la empresa y sigue cobrando, en un hijo que entra a trabajar sin que los demás lo hayan decidido. Cuando el asunto llega a la junta, el problema ya tiene años y cada parte tiene su propia versión de los hechos.
En sociedades de la provincia de Alicante vemos sobre todo dos escenarios. Limitadas de dos socios a partes iguales, habituales en hostelería, comercio y servicios de la costa, donde basta un desacuerdo para que no salga adelante ningún acuerdo. Y empresas familiares de segunda generación en las que unos hermanos trabajan dentro y otros solo ven el resultado a fin de año. Las herramientas jurídicas son las mismas, pero el orden en que conviene usarlas cambia mucho.
No todo desacuerdo entre socios tiene que terminar en un juzgado. Conviene saber qué puertas están abiertas en tu caso antes de llamar a ninguna.
Con abogados de por medio y un objetivo concreto: una compra de participaciones, un nuevo reparto de funciones o un calendario de salida. Es la vía más rápida mientras aún hay interlocución.
Un tercero neutral ayuda a los socios a llegar a un acuerdo sin imponer nada. El Instituto de Mediación del Colegio de la Abogacía de Alicante (IMICALI) cuenta con mediadores en materia civil y mercantil.
Un árbitro decide con la misma fuerza que una sentencia. Solo es posible si los estatutos o un pacto lo prevén, o si ambas partes lo aceptan cuando surge la disputa.
La Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Alicante, con plazas en la capital y una desplazada en Elche, conoce de impugnaciones, separación, exclusión y responsabilidad de administradores.
La Cámara de Comercio de Alicante y el Colegio de la Abogacía crearon en 1990 una Corte de Arbitraje que administra arbitrajes mercantiles. Según su reglamento, el laudo debe dictarse en un máximo de seis meses desde la contestación, y el procedimiento es confidencial, algo que valoran mucho las familias empresarias que no quieren ventilar sus diferencias en una sala de vistas.
Para que un conflicto societario vaya a arbitraje tiene que haberse pactado. La Ley de Arbitraje permite incluir esa cláusula en los estatutos de una sociedad de capital, pero exige el voto favorable de al menos dos tercios de los votos del capital. También permite someter a árbitros la impugnación de acuerdos sociales, siempre que la administración del arbitraje y la designación de los árbitros se encarguen a una institución arbitral. Y si un laudo anula un acuerdo inscribible, se inscribe en el Registro Mercantil igual que una sentencia.
Si tu sociedad no tiene esa cláusula, todavía podéis pactar el arbitraje cuando aparece el problema. Y si estáis a tiempo de prevenir, merece la pena valorarlo al revisar los estatutos sociales.
Mientras se negocia, conviene tener claro qué derechos tienes tú y cuáles tiene el otro socio, porque eso es lo que da fuerza en cualquier mesa.
Todos estos derechos tienen plazos cortos y requisitos formales. Un socio que no protesta en el acta pierde la separación por dividendos, y un acuerdo que nadie impugna a tiempo se consolida. Por eso lo primero que hacemos es poner las fechas encima de la mesa. Si lo que te preocupa es un acuerdo ya adoptado, lo detallamos en impugnación de acuerdos sociales en Alicante.
Estatutos, pacto si lo hay, actas, cuentas de los últimos años y correos relevantes. Sin papeles no hay estrategia.
Según lo pactado y lo que quieras conseguir, decidimos si conviene negociar, proponer mediación, activar el arbitraje o preparar la demanda.
Abrimos la conversación con la otra parte sabiendo qué haríamos si no hay acuerdo, que es lo que hace creíble cualquier propuesta.
En muchas sociedades de dos socios el conflicto no se cierra con un acuerdo puntual, sino con la salida de uno de ellos. Ahí todo gira alrededor del valor de las participaciones. Si los estatutos o el pacto de socios fijan un método de valoración, se aplica. Si no dicen nada, el valor se convierte en el centro de la negociación y, con frecuencia, en el motivo del pleito.
Nuestro trabajo consiste en preparar una oferta razonada, con apoyo de un experto en valoración cuando hace falta, y en documentar la compraventa para que no queden cabos sueltos: garantías frente a deudas que aparezcan después, renuncia mutua a reclamaciones, cese en el cargo de administrador y no competencia si procede. Si quien sale prefiere vender a un tercero, entran en juego los derechos de adquisición preferente que suelen prever los estatutos. Cuando lo que está en juego es la empresa entera, lo contamos en compraventa de empresas en Alicante.
La Ley Orgánica 1/2025 exige, como regla general, acudir a un medio adecuado de solución de controversias antes de demandar en asuntos civiles y mercantiles. Si esa exigencia alcanza a todas las acciones societarias, como la impugnación de acuerdos, es una cuestión discutida, así que lo valoramos caso por caso.
Sí, siempre que tu socio también lo acepte. El convenio arbitral puede firmarse después de que haya surgido la disputa.
Si la paralización impide que la sociedad funcione, la ley la considera causa de disolución. Antes de llegar a ese punto casi siempre compensa negociar una salida o una compra, porque disolver perjudica a los dos.
Las acciones societarias corresponden a la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Alicante, competente para toda la provincia, que además de las plazas de la capital tiene una con sede en Elche.

Trabajo en Derecho Mercantil con sociedades familiares y pequeñas empresas de toda España desde Madrid. Con socios de Alicante nos vemos por videollamada y me desplazo si una reunión o una junta lo justifican.
En un conflicto entre socios mi primer objetivo es que la empresa siga funcionando mientras se discute.
Colegiada ICAM 138229.
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