Abogado de conflictos entre socios en Alicante

El bloqueo es quizá el conflicto más exasperante, porque la empresa respira pero no avanza. Aparece sobre todo en sociedades con dos socios al cincuenta por ciento, o con dos grupos de participaciones empatados, donde adoptar acuerdos exige una mayoría que nunca se forma porque cada bloque empuja en dirección contraria.

El resultado es una paralización de los órganos sociales: la junta no logra acordar nada de fondo y la sociedad queda atascada. Cuando esa situación se cronifica y no hay forma de desencallarla, la ley contempla una salida contundente pero real, la disolución de la sociedad por paralización de los órganos sociales, recogida en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital. Dicho de otro modo, si la empresa es incapaz de operar, el Derecho permite cerrarla de forma ordenada en vez de dejarla languidecer.

Ahora bien, la disolución casi siempre es la última carta, no la primera. Antes hay terreno para maniobrar: requerimientos formales, ofertas de compra de participaciones entre socios, cláusulas estatutarias de desbloqueo si en su día se previeron, o la negociación de una salida pactada de uno de los dos. A menudo basta con poner por escrito, y con respaldo jurídico, que el bloqueo arrastra consecuencias serias para que el otro socio se avenga a hablar. Plantear bien la jugada antes de pleitear suele ser lo que más acelera la solución.

Hay veces en que no buscas pelear ni hundir nada. Solo quieres irte, cobrar lo que vale tu participación y empezar otra etapa. Para eso existe el derecho de separación, una de las herramientas más poderosas y peor entendidas del Derecho de sociedades.

El derecho de separación permite al socio salir de la sociedad y que esta le reembolse el valor de sus participaciones, pero no en cualquier momento, sino cuando concurre una de las causas que la ley o los estatutos prevén. El artículo 346 de la Ley de Sociedades de Capital reúne las causas legales: por ejemplo, la modificación sustancial del objeto social, la prórroga o reactivación de la sociedad, o su transformación o traslado de domicilio al extranjero, entre otros supuestos.

Y hay un caso que merece párrafo propio, porque es el que más fricción genera en empresas que ganan dinero pero no reparten: el del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de separación por falta de reparto de dividendos. En las condiciones y plazos que la ley fija, el socio que comprueba cómo la sociedad obtiene beneficios ejercicio tras ejercicio mientras la mayoría se niega de forma sistemática a repartirlos puede llegar a tener derecho a separarse y a que le abonen su parte. Es la válvula pensada precisamente para el minoritario al que tienen acorralado: ni cobra, ni vende, ni se va. Salvo que use esta vía.

El derecho de separación tiene requisitos propios, plazos estrictos y un método de valoración de las participaciones, y ahí se juega el resultado. Ejercerlo mal o fuera de plazo lo arruina entero. Hacerlo bien es, muchas veces, la salida limpia que andabas buscando.

La cara opuesta llega cuando el que sobra no eres tú, sino tu socio. El que prometió aportar trabajo y no aparece, el que abre un negocio paralelo que compite con el vuestro, el que incumple de forma grave los compromisos que asumió. Para esos casos existe la exclusión de socios.

La exclusión permite, en determinados supuestos, apartar a un socio de la sociedad reembolsándole el valor de sus participaciones aunque él no quiera marcharse. El artículo 350 de la Ley de Sociedades de Capital recoge causas legales de exclusión, como el incumplimiento de la obligación de realizar las prestaciones accesorias a las que el socio se hubiera comprometido o, tratándose del socio administrador, la infracción de la prohibición de competencia o la condena a indemnizar a la sociedad por actos contrarios a la ley o a los estatutos. Los propios estatutos, además, pueden añadir otras causas si así se pactaron.

La exclusión no es un interruptor que se pulsa porque un socio te caiga mal. Tiene causas tasadas, exige acuerdo de la junta y, en numerosos supuestos, resolución judicial, y obliga a valorar y reembolsar correctamente las participaciones del excluido. Mal ejecutada, se te vuelve en contra y acabas siendo tú el demandado. Bien planteada, es la vía para retirar de la empresa a quien la está dañando desde dentro.

Si eres socio minoritario, es fácil tener la sensación de que decides cero y soportas todo. Pero la ley no abandona al minoritario a la voluntad de quien suma los votos. Tienes derechos concretos, y se pueden ejercer.

El primero es el derecho de información: el socio puede solicitar y obtener la documentación y las aclaraciones que la ley le reconoce sobre la marcha de la sociedad. Denegarlas sin motivo ya es un problema para la mayoría. El segundo, y más afilado, es la impugnación de acuerdos sociales: cuando la junta o el órgano de administración adoptan acuerdos contrarios a la ley, opuestos a los estatutos o lesivos para el interés social en beneficio de uno o varios socios, esos acuerdos pueden impugnarse y anularse. El régimen de la impugnación está en los artículos 204 a 206 de la Ley de Sociedades de Capital, que delimitan qué acuerdos son atacables, quién está legitimado y en qué plazo. Si quieres profundizar en cómo y cuándo se combaten esos acuerdos, lo desarrollamos en impugnación de acuerdos sociales.

Y existe una figura decisiva que ampara al minoritario frente a quien usa su mayoría para ahogarlo: el abuso de mayoría. Cuando el socio mayoritario impone acuerdos que no persiguen el bien de la empresa sino únicamente perjudicar o vaciar al minoritario (no repartir nunca dividendos para asfixiarlo, asignarse retribuciones desproporcionadas, desviar la actividad a otra sociedad), ese abuso es combatible. Existe también su reverso, el abuso de minoría, cuando es el socio pequeño quien bloquea de mala fe decisiones necesarias para dañar a la sociedad. La ley busca que ninguno de los dos emplee su posición para asfixiar al otro, y advertir en qué lado estás es lo que te permite reaccionar a tiempo.

Conviene tener clara una cosa desde el principio: la mayor parte de los conflictos entre socios no terminan en sentencia. Se reconducen antes, con una negociación bien preparada y un requerimiento formal que deja negro sobre blanco lo que ocurrirá si no hay acuerdo.

Esto no es debilidad, es estrategia. Un buen requerimiento, redactado conociendo las vías legales que tienes detrás, le transmite al otro socio dos mensajes a la vez: que conoces tus derechos y que estás dispuesto a usarlos. En muchos casos eso basta para que quien se creía con la sartén por el mango se siente a negociar de verdad. Negociar desde una posición jurídica sólida no se parece en nada a negociar a pecho descubierto, y el desenlace lo refleja.

La negociación, además, suele ser más rápida y menos lesiva para el negocio que un pleito largo. Si puede pactarse una compra de participaciones, una salida ordenada, un reparto de funciones o una disolución acordada, casi siempre es preferible a años de juzgado. Por eso nuestra primera pregunta nunca es cómo demandamos, sino cómo resolvemos esto de la forma más limpia para ti. Eso sí, cuando el otro lado solo entiende de presión, no nos tiembla el pulso para acudir al Juzgado de lo Mercantil y defenderte hasta el final.

Aquí va una verdad incómoda pero útil: buena parte de los conflictos que llegan a nuestra mesa estarían resueltos de antemano si la sociedad contara con un buen pacto de socios y unos estatutos pensados para los problemas, en lugar de calcados de una plantilla.

El pacto de socios es el documento que, firmado cuando todos os llevabais bien, regula justo lo que pasa cuando dejáis de llevaros bien: cómo se valora la participación de quien se marcha, qué ocurre si hay bloqueo, cómo se fuerza o se frena una venta, qué mayorías se exigen para las decisiones de calado. Cuando ese pacto existe y está bien hecho, media solución viene ya escrita. Cuando no existe, toca disputar cada punto desde cero.

Por eso, al asumir un conflicto, revisamos siempre lo que se firmó: los estatutos y el pacto de socios, si lo hay. Ahí suele estar la llave de la solución, o el agujero que conviene cerrar cuanto antes. Y si tu sociedad todavía no dispone de esa red de seguridad, parte de nuestro trabajo es dejártela montada para que el siguiente desacuerdo no se convierta en otro pleito. Prevenir el próximo conflicto es tan parte del trabajo como resolver el de ahora.