Abogado de estatutos sociales en Barcelona

No hay que tocar los estatutos por gusto. Pero hay momentos en la vida de una empresa en los que la modificación deja de ser opcional y se convierte en lo sensato. Estos son los que más vemos:

• Entra o sale un socio. Una ampliación de capital, la venta de participaciones o la entrada de un inversor casi siempre obligan a revisar el régimen de transmisión, las mayorías y el reparto del poder. Lo que valía para los socios fundadores rara vez encaja sin retoques cuando el accionariado cambia.
• Cambia el órgano de administración. Pasar de un administrador único a dos solidarios, a mancomunados o a un consejo es una modificación estatutaria. No se hace con un acuerdo informal: hay que tocar los estatutos.
• Cambia el objeto social. La empresa empieza a hacer cosas que no estaban previstas, o deja de hacer otras. El objeto social que pusiste al constituir se queda corto o desfasado y conviene ajustarlo para que la actividad real y la que dicen los estatutos coincidan.
• Surge un conflicto que la plantilla no resolvía. Un bloqueo entre socios al cincuenta por ciento, una discusión sobre quién decide qué, un socio que ya no aporta. A veces la salida pasa por reformar los estatutos para que el próximo choque no encuentre el mismo vacío.

En todos estos casos lo que está en juego es el mismo principio: que la norma interna de tu empresa diga lo que de verdad quieres que diga. Y eso no lo arregla un parche, se hace ordenando los estatutos con criterio.

Modificar los estatutos no es cambiar un documento en un cajón. Es un acto con forma, regulado en los artículos 285 a 290 de la Ley de Sociedades de Capital, y conviene entender la secuencia antes de meterse, porque cada paso tiene su porqué.

La modificación de estatutos es competencia de la junta general. No la decide el administrador por su cuenta ni se acuerda de palabra: tiene que aprobarla la junta de socios con una mayoría reforzada, superior a la ordinaria. En la sociedad limitada hace falta el respaldo de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divide el capital social. Por eso, antes de mover nada, conviene saber si tienes los votos. Además, los administradores deben redactar un informe que justifique la modificación propuesta, y la convocatoria de la junta tiene que expresar con claridad los puntos que se van a modificar.

Una vez aprobada la modificación en junta, hay que elevarla a público, esto es, otorgar escritura pública ante notario que recoja el acuerdo y la nueva redacción. Y después, inscribir esa escritura en el Registro Mercantil. Si tu sociedad tiene su domicilio en Barcelona, esa inscripción se practica en el Registro Mercantil de Barcelona, el de tu provincia.

Este último paso es el que más gente subestima, y es clave. Mientras la modificación no se inscribe, frente al mundo de fuera siguen valiendo los estatutos antiguos. En cristiano: puedes haber aprobado en junta un cambio impecable, pero si no llega al Registro Mercantil de Barcelona, para un banco, un proveedor o cualquier tercero ese cambio todavía no existe. La oponibilidad frente a terceros nace con la inscripción, no con la firma del acuerdo.

Aquí hay una confusión muy frecuente, y entenderla bien te ahorra disgustos. Estatutos y pacto de socios no son lo mismo, ni sirven para lo mismo.

Los estatutos son públicos. Se inscriben en el Registro Mercantil, cualquiera puede consultarlos y, por eso mismo, son oponibles a todos: obligan a la sociedad, a los socios y a terceros. Lo que está en los estatutos vale frente al mundo. A cambio, hay cosas que no encajan ahí, porque no quieres que sean públicas o porque la ley no permite meterlas en el articulado.

El pacto de socios es privado. Es un acuerdo entre los socios que no se inscribe ni se publica, y que regula la relación entre vosotros con un nivel de detalle que los estatutos no suelen alcanzar. Como es privado, solo obliga a quienes lo firman, no a terceros. A cambio, te da libertad para acordar cosas que en los estatutos no querrías ventilar.

En cristiano: lo que tiene que valer frente a todos y dar seguridad pública va en los estatutos. Lo que es asunto interno entre socios y prefieres mantener reservado va en el pacto de socios. Lo habitual en una empresa bien ordenada es tener las dos cosas, coordinadas entre sí, sin que una contradiga a la otra. Cuando revisamos los estatutos de una sociedad que ya funciona, miramos también si hay pacto de socios y si los dos documentos se hablan o se pisan.

Vale la pena pararse aquí, porque es lo que casi nadie ve hasta que es tarde. Los estatutos de machote no dan problemas mientras todo va bien. Los dan el día que algo cambia, y entonces los dan todos de golpe.

Una plantilla está escrita para no incomodar a nadie y servir a cualquier empresa, lo que significa que no sirve del todo a la tuya. No contempla tu reparto de poder, ni tu forma de tomar decisiones, ni qué pasa si un socio concreto se quiere ir. Remite a los mínimos legales y se desentiende del resto. Mientras hay sintonía entre los socios, eso no se nota. Cuando deja de haberla, descubres que lo importante nunca se dejó por escrito.

Lo vemos a menudo: sociedades que llevan años funcionando con los mismos estatutos del primer día, idénticos a los de miles de empresas, que no contemplan nada de lo específico de ese negocio. Y el problema no es solo lo que falta. A veces lo que sobra: cláusulas heredadas que ni se leyeron y que, llegado el momento, deciden algo que ningún socio quería. Lo que no está bien atado sale caro, y cuesta mucho más arreglar un conflicto que reformar a tiempo unos estatutos para que ese conflicto no llegue.

Hay una conexión que conviene tener clara desde el primer día: cómo configures el órgano de administración en los estatutos no es solo una cuestión de agilidad, también reparte responsabilidad.

Constituir una sociedad limita la responsabilidad del socio al capital que aporta. Eso es cierto y es una de las grandes ventajas de la SL. Pero la responsabilidad del administrador es otra historia. El administrador tiene deberes legales y, si los incumple, puede responder con su propio patrimonio. Uno de los casos más típicos lo recoge el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital: cuando la sociedad incurre en causa de disolución (por ejemplo, pérdidas que dejan el patrimonio por debajo de la mitad del capital) y el administrador no convoca la junta en plazo para resolver la situación, puede acabar respondiendo solidariamente de las deudas sociales posteriores.

Por eso, cuando revisamos unos estatutos, miramos también quién administra y cómo está organizado el órgano: si hay administrador único, varios solidarios, mancomunados o consejo, y qué riesgos asume cada figura. Dejar esto bien definido en los estatutos es lo que evita que alguien cargue, sin saberlo, con responsabilidades que no debería. Se decide bien en frío, no cuando ya hay un problema encima.