En Mallorca los impagos tienen estación, y a veces tienen quilla.
Reclamación de deudas entre empresas para proveedores de hoteles, astilleros, distribuidores y empresas de servicios de Mallorca.
En Mallorca los impagos tienen estación. Llegan en octubre, cuando el hotel cierra y el gerente que aprobaba los pedidos ya no contesta. Llegan cuando el restaurante de temporada no vuelve a abrir en primavera. Y llegan, sobre todo, cuando el deudor no está en la isla: el armador que zarpa con el barco recién reparado, el turoperador con sede en otro país, la empresa de eventos que vino a hacer una boda y se fue.
Reclamamos deudas entre empresas por la vía que mejor funcione en cada caso, empezando casi siempre por un requerimiento que deje constancia y abra la puerta a un pago negociado. Si no hay respuesta, pasamos a la vía judicial sin perder tiempo, porque cada mes que pasa la deuda es más difícil de cobrar.
Palma concentra una buena parte del sector náutico balear, y en especial del refit y la reparación. Para un astillero, un varadero o un proveedor que ha trabajado en un yate, la situación típica de impago es clara: el barco sale del puerto y, con él, la única garantía real de cobro. La Ley 14/2014 de Navegación Marítima ofrece aquí una herramienta muy potente: el embargo preventivo de buques.
La ley considera buque a la nave con cubierta corrida y eslora igual o superior a veinticuatro metros, que es el tamaño de muchas de las embarcaciones que pasan por los astilleros de Palma. Para pedir su embargo por un crédito marítimo, como los derivados de reparaciones, suministros o servicios al barco, basta con alegar el crédito, su causa y que el buque es embargable. El embargo lo puede acordar el tribunal competente para el asunto principal o el del puerto donde está el barco o al que se espera que llegue, a elección de quien lo pide, y supone su inmovilización en el puerto. Las cuestiones de Derecho marítimo corresponden a la Sección de lo Mercantil.
Es una medida que hay que preparar con rapidez y con la documentación en orden: contrato o presupuesto aceptado, partes de trabajo, facturas y comunicaciones con el capitán o el gestor del barco. Si trabajas en el sector, conviene tenerlo todo así desde el primer día, no cuando el yate ya tiene la salida programada.
Elegimos la vía según el importe, la documentación y dónde está el deudor.
Burofax o comunicación con acuse que fija la deuda, interrumpe la prescripción y deja constancia del intento de acuerdo.
Rápido y sin límite de cuantía cuando la deuda está documentada en facturas, albaranes o contratos. Si el deudor no se opone, se pasa directamente a ejecución.
Para deudores con domicilio en otro Estado de la Unión Europea, con un formulario común y una resolución ejecutable en ese país.
Si la deuda está en un pagaré, cheque o letra de cambio, permite pedir el embargo preventivo desde el inicio.
Inmoviliza el barco del deudor por un crédito marítimo mientras se resuelve la reclamación.
Entre empresas, la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad fija un plazo de pago de treinta días si no se pacta otro, y no permite pactar más de sesenta. Si el deudor se retrasa, la deuda genera automáticamente intereses de demora al tipo legal reforzado que marca la propia ley, y el acreedor puede reclamar además una compensación por los costes de cobro. Muchas empresas no lo reclaman por desconocimiento. Nosotros lo incluimos siempre.
Además, desde 2022 la Ley de Competencia Desleal considera desleal el incumplimiento reiterado de las normas contra la morosidad. Si un cliente grande se financia sistemáticamente retrasando los pagos a sus proveedores, hay un argumento adicional para negociar.
Facturas, contratos, pedidos y comunicaciones. Comprobamos la prescripción y la solvencia aparente del deudor.
Enviamos el requerimiento y, si responde, negociamos un pago o un calendario por escrito.
Monitorio, cambiario, monitorio europeo o embargo de buque, según el caso, y ejecución si no paga.
Desde la LO 1/2025, muchas demandas civiles exigen un intento previo de negociación. Si se aplica o no al monitorio es una cuestión discutida, así que enviamos siempre un requerimiento documentado que sirva para ambas cosas.
Sí. Para deudas no impugnadas dentro de la Unión Europea existe el proceso monitorio europeo, y en otros casos analizamos qué tribunal es competente según el contrato.
Con carácter general, las acciones personales sin plazo especial prescriben a los cinco años, pero conviene no esperar: un requerimiento interrumpe la prescripción y cuanto antes se reclama, más fácil es cobrar.
Sí, y también a cualquier otra empresa. Si el impago nace de un contrato mal redactado, lo revisamos en contratos mercantiles en Palma.

Me dedico al Derecho Mercantil y una parte de mi trabajo diario es cobrar deudas entre empresas. Lo hago en remoto para proveedores de Mallorca, con la documentación compartida y comunicación constante sobre cada paso.
Una deuda bien documentada es media deuda cobrada. La otra mitad es moverse pronto.
Colegiada ICAM 138229.
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