Un año parece mucho tiempo hasta que empiezas a contarlo.
Impugnación de acuerdos de junta para socios y administradores de sociedades de Mallorca y del resto de Baleares.
La escena se repite en muchas sociedades familiares de Mallorca. Termina la temporada, se convoca la junta y la rama de la familia que controla la mayoría aprueba una ampliación de capital que la otra rama, que vive en la Península, no puede suscribir a tiempo. O se fija una retribución generosa al administrador, que es uno de los hermanos, mientras se decide por tercer año consecutivo no repartir nada. O se aprueban unas cuentas sin haber contestado a las preguntas que el socio minoritario envió por escrito.
Que un acuerdo te perjudique no lo convierte automáticamente en impugnable. Pero muchos de estos acuerdos sí lo son, y la ley pone plazos estrictos para reaccionar. Nuestro primer trabajo es decirte con franqueza si hay base para impugnar, qué conseguirías y qué arriesgas, antes de que gastes tiempo y energía en un pleito.
La Ley de Sociedades de Capital permite impugnar los acuerdos de la junta que sean contrarios a la ley, que se opongan a los estatutos o al reglamento de la junta, o que lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros. Esta última categoría incluye el abuso de la mayoría: el acuerdo que, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, se adopta en interés propio de la mayoría y en detrimento injustificado de los demás socios. Es la vía habitual para atacar ampliaciones dilutivas o políticas de dividendos pensadas para asfixiar a la minoría.
La ley también cierra la puerta a impugnaciones por defectos menores. No prosperan, en general, las basadas en infracciones procedimentales irrelevantes, en información defectuosa que no era esencial para votar, en la presencia de personas no legitimadas que no fue decisiva o en votos inválidos que no cambiaron la mayoría. Sí cuentan, en cambio, los defectos en la forma y el plazo de la convocatoria, en las reglas esenciales de constitución de la junta y en las mayorías necesarias. Y quien tuvo ocasión de denunciar un defecto de forma durante la junta y no lo hizo, no puede alegarlo después. Por eso, si vas a una junta que intuyes conflictiva, conviene hablar antes con nosotros.
No todos acaban en demanda, pero todos merecen un análisis rápido.
Aprobada sin necesidad real de fondos, con plazos de suscripción que la minoría no puede atender o con exclusión del derecho de preferencia mal justificada.
Sueldos o pagos al socio administrador que no constan en estatutos o que se aprueban sin respetar el conflicto de interés.
Años de beneficios retenidos sin plan de inversión, mientras quien controla la sociedad cobra por otras vías.
Aprobación de cuentas tras negar al socio la información esencial que pidió por escrito antes de la junta.
Juntas anunciadas por un medio que no prevén los estatutos, con plazo insuficiente o sin incluir en el orden del día lo que se acabó votando.
Operaciones sobre el hotel, el barco o el local que sostienen el negocio, decididas sin respetar la competencia de la junta o las mayorías.
La acción caduca al año. El plazo se cuenta desde la fecha en que se adoptó el acuerdo en la junta o, si el acuerdo se inscribió en el Registro Mercantil, desde que la inscripción es oponible. Solo los acuerdos contrarios al orden público, por su causa o contenido, pueden impugnarse sin límite de tiempo. Un año parece mucho, pero entre pedir el acta, reunir la documentación e intentar una negociación, se consume rápido. En acuerdos que se inscriben, como una ampliación de capital o el nombramiento de un administrador, la referencia práctica es la publicación de la inscripción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, que es cuando el Código de Comercio la hace oponible a terceros. Conviene comprobar esa fecha cuanto antes, porque no siempre coincide con lo que el socio recuerda.
Pueden impugnar los administradores, los terceros con interés legítimo y los socios que ya lo eran antes del acuerdo y representan, solos o agrupados, al menos el 1 % del capital. Los estatutos pueden rebajar ese umbral. El socio que no lo alcanza no puede impugnar, pero sí reclamar que se le resarza el daño que el acuerdo le haya causado. Si el acuerdo vulnera el orden público, cualquier socio está legitimado, aunque haya entrado después.
Si temes que el acuerdo produzca efectos irreversibles mientras dura el pleito, se puede pedir como medida cautelar su suspensión. En una sociedad que no cotiza, la ley exige para ello que quienes la solicitan representen al menos el 5 % del capital, además de los requisitos generales de toda medida cautelar.
La mejor impugnación se prepara antes de que se celebre la junta. Cuando recibes una convocatoria que anuncia un conflicto, hay tres herramientas que conviene usar y que muchos socios desconocen.
Pedir información por escrito. En la limitada puedes solicitar antes de la junta, o verbalmente durante ella, los informes y aclaraciones que necesites sobre los puntos del orden del día. Los administradores solo pueden negarse si la publicidad perjudica el interés social, y ni siquiera eso vale cuando la petición la respaldan socios con al menos el 25 % del capital. En la anónima, las preguntas se pueden enviar hasta el séptimo día anterior a la junta. Una petición bien formulada que no se atiende es la base de muchas impugnaciones de cuentas.Exigir notario. Si representas al menos el 5 % del capital de una limitada, o el 1 % de una anónima, y lo pides con cinco días de antelación, los administradores tienen que llamar a un notario para que levante acta de la junta, a cargo de la sociedad. Si no lo hacen, los acuerdos no serán eficaces. En una familia dividida, el acta notarial evita discusiones posteriores sobre quién dijo qué.Dejar constancia en el acta. Tu voto en contra, tus protestas sobre la convocatoria o la información, y tus razones. Lo que no se denuncia en la junta es más difícil de alegar después.La demanda se dirige contra la sociedad y se tramita por el juicio ordinario. En Baleares la conoce la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Palma, que tras la reforma de la LO 1/2025 sustituye a los antiguos juzgados de lo mercantil y funciona con cuatro plazas en la Travessa d'en Ballester. Si el acuerdo estaba inscrito en el Registro Mercantil de Mallorca y la sentencia lo anula, se cancela su inscripción y la de los asientos posteriores que la contradigan.
Desde la misma reforma, muchas demandas civiles exigen intentar antes algún medio adecuado de solución de controversias, como una negociación documentada o una mediación. Si ese requisito se aplica o no a la impugnación de acuerdos sociales es una cuestión discutida, así que en la práctica solemos dejar constancia de un intento serio de acuerdo antes de demandar, sin que eso nos haga perder el plazo de caducidad.
Ten en cuenta también que la sociedad puede, durante el pleito, pedir un plazo para subsanar el defecto si es posible eliminarlo, y que si la junta revoca o sustituye válidamente el acuerdo antes de la demanda, la impugnación deja de proceder. A veces esa es precisamente la mejor salida para el socio: que la mayoría rectifique.
Estudiamos convocatoria, acta, estatutos y antecedentes, y te decimos si hay base, con qué probabilidades razonables y qué plazo te queda.
Si tiene sentido, planteamos a la sociedad la revocación del acuerdo o una salida negociada, por escrito y con fecha.
Si no hay acuerdo, preparamos la demanda ante la Sección de lo Mercantil y, si procede, la petición de suspensión.
Que conste tu voto en contra y tus objeciones en el acta ayuda, sobre todo si se trata de defectos de forma, que deben denunciarse en el momento. Después, el plazo de un año empieza a correr desde la junta.
Sí. Una convocatoria defectuosa, por forma o por plazo, es uno de los motivos relevantes que la ley admite. Revisamos qué dicen tus estatutos sobre cómo debías ser convocado.
La sentencia deja sin efecto el acuerdo y su inscripción. En la práctica, abre la puerta a negociar desde una posición mucho más fuerte, y muchas veces el conflicto se cierra con un acuerdo antes de la sentencia.
Entonces la vía es otra: negociar una salida, ejercer un derecho de separación si la ley o los estatutos lo prevén, o revisar el pacto de socios. Lo vemos en conflictos entre socios en Palma.
Tu presencia puede ser necesaria en alguna vista concreta. Todo lo demás se prepara en remoto, y cuando hay que ir a Ballester, nos desplazamos.

Soy abogada de Derecho Mercantil y trabajo con socios minoritarios, administradores y empresas familiares de toda España. Los asuntos de Baleares los llevo desde Madrid y viajo a Palma para las vistas.
No te animaré a pleitear si no tiene sentido. Cuando lo tiene, preparo la demanda como si fuera a llegar a sentencia, aunque casi nunca llegue.
Colegiada ICAM 138229.
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