Abogado de impugnación de acuerdos sociales en Alicante

Este es el punto donde más gente se da cuenta tarde, y cuando se da cuenta ya no hay vuelta atrás. La acción para impugnar un acuerdo social tiene fecha de caducidad, y no es generosa.

El artículo 205 de la Ley de Sociedades de Capital establece, con carácter general, un plazo de caducidad de un año. Tienes un año para impugnar, contado desde que se adoptó el acuerdo o, según el caso, desde que pudiste conocerlo. Cumplido ese año, el derecho a impugnar caduca, y caduca de forma definitiva, por flagrante que fuera el abuso. En las sociedades cotizadas el plazo se acorta aún más: tres meses.

Hay una excepción que conviene tener bien situada: los acuerdos contrarios al orden público no caducan ni prescriben. Son los supuestos más graves, los que chocan con principios básicos del ordenamiento, y esos se pueden impugnar en cualquier momento. Pero cuidado, porque el orden público es una categoría estrecha; no todo acuerdo ilegal cabe ahí. Confiar en que tu caso es de orden público y dejar correr el año puede terminar en un derecho perdido.

En la práctica: salvo el supuesto excepcional del orden público, el reloj arranca con el acuerdo, y un año se evapora cuando estás lidiando con la operativa diaria de tu empresa. Y hay otro motivo para no dormirse, además del plazo: cuanto antes te muevas, mejor conservas la prueba (el acta, las cuentas, los correos, los testigos de lo que se dijo en la junta). Si sospechas que te han colado un acuerdo abusivo, lo prudente es que lo revisen cuanto antes.

No vale que cualquiera impugne cualquier acuerdo. Hay reglas precisas sobre quién tiene legitimación, y conviene conocerlas antes de dar un paso.

El artículo 206 de la Ley de Sociedades de Capital reparte la legitimación de esta manera:

• Los socios que reúnan al menos el 1% del capital social, ya sea uno solo o varios sumando entre todos. Es un umbral pensado justo para que el minoritario tenga voz: no hace falta controlar la sociedad para impugnar, basta con ese 1%. Y atención, porque los estatutos pueden rebajar ese porcentaje, conviene mirar qué dicen los vuestros.
• Los administradores de la sociedad, que también están legitimados para impugnar.
• Cualquier tercero que acredite un interés legítimo en que el acuerdo se anule.

En los acuerdos contrarios al orden público, los más graves, la legitimación se ensancha por completo: puede impugnar cualquier socio, cualquier administrador y cualquier tercero, con independencia de su porcentaje.

¿Por qué esto cambia tu situación? Porque si eres un socio pequeño que se siente sin margen frente a la mayoría, ese 1% (o el umbral inferior que marquen los estatutos) es precisamente la palanca que la ley pone en tus manos para plantar cara. Tener pocas participaciones no te obliga a aguantar. Lo primero que comprobamos es si tienes legitimación y por qué vía, porque de ahí cuelga todo lo demás.

Esta es una pieza que poca gente tiene clara, y conviene fijarla desde el principio. La impugnación de acuerdos sociales no se ventila en un juzgado civil cualquiera. Es competencia de los Juzgados de lo Mercantil, y en concreto los del domicilio social de la empresa.

¿Qué supone esto en la práctica? Que si la sociedad tiene su domicilio en Alicante, la impugnación se interpone ante los Juzgados de lo Mercantil de Alicante, los mismos que conocen de sociedades, competencia desleal, marcas, patentes o concursos. Son jueces especializados que manejan el derecho de sociedades cada día y entienden de qué va un conflicto entre socios. El asunto se tramita por juicio ordinario, no por el procedimiento abreviado.

Para ti hay dos consecuencias prácticas. La primera: la demanda hay que plantearla bien desde el inicio y ante el juzgado que corresponde, porque equivocarse de vía hace perder un tiempo que, con la caducidad de un año encima, no sobra. La segunda: el foro de Alicante es un dato objetivo que ancla tu asunto a la ciudad al margen de dónde tenga su despacho tu abogada. Lo que determina la competencia es el domicilio de la sociedad, no la calle del bufete. Hay un detalle más en el mapa alicantino: si tu sociedad tiene aquí su domicilio, también está inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, que es donde acaban surtiendo efecto muchas de las decisiones que se impugnan. Conocer cómo respira esa jurisdicción y cuánto valora la prueba es lo que ayuda a afinar la estrategia, y en impugnación de acuerdos la prueba pesa muchísimo.

Hasta aquí hemos hablado sobre todo de la junta general, que es donde estallan la mayoría de los conflictos. Pero conviene tener presente que no solo se impugnan los acuerdos de la junta: también los del consejo de administración, el órgano que dirige el día a día de la sociedad. Y aquí hay matices que importan.

El artículo 251 de la Ley de Sociedades de Capital regula esta vía. Un acuerdo del consejo contrario a la ley o a los estatutos, o que lesione el interés social en beneficio de unos pocos, se puede atacar. Pero la legitimación y el plazo no son los mismos que en la junta:

• Quién puede impugnar. Los administradores, y también los socios que representen al menos el 1% del capital social.
• El plazo es mucho más corto. La acción caduca en treinta días. Para los administradores, desde que se adoptó el acuerdo; para los socios, desde que tuvieron conocimiento de él, siempre que no haya transcurrido un año desde su adopción.

Esto pesa, y mucho, en sociedades donde el poder de verdad reside en el consejo. El socio que ve cómo el órgano de administración aprueba operaciones que le perjudican no se queda sin defensa solo porque la decisión no pasara por una junta. Pero esos treinta días vuelan, así que aquí la rapidez es todavía más determinante que con los acuerdos de la junta.

Un pleito de impugnación se alarga, y mientras tanto el acuerdo impugnado puede seguir desplegando efectos y provocando un daño que después cueste deshacer. Para eso están las medidas cautelares, una de las piezas que más se agradecen cuando el acuerdo aprieta de verdad.

Junto con la demanda de impugnación, o incluso antes en casos urgentes, se puede pedir al juzgado que adopte medidas para que el acuerdo no haga daño mientras se resuelve el fondo. Las dos más habituales son:

• La suspensión del acuerdo impugnado, para que no se ejecute ni produzca efectos hasta que el juez decida. Es lo que impide que, por ejemplo, una ampliación de capital diseñada para reducir tu peso se consume antes de que termine el pleito.
• La anotación preventiva de la demanda en el Registro Mercantil, que avisa a terceros de que ese acuerdo está siendo impugnado y protege tu posición frente a quien pretenda escudarse en él.

No se conceden de oficio: hay que justificar al juzgado que existe apariencia de buen derecho y que aguardar a la sentencia te causaría un perjuicio difícil de reparar. Por eso conviene plantearlas bien desde el primer momento y con la prueba ordenada. Pedir la cautelar adecuada en el instante oportuno puede marcar la diferencia entre ganar un pleito sobre algo que ya no tiene arreglo y cortar el daño a tiempo.

Una impugnación de acuerdos casi nunca viene sola. Suele ser la punta del iceberg: detrás hay un conflicto entre socios que lleva tiempo gestándose y que revienta en la junta. Lo vemos sin parar en sociedades de Alicante, sobre todo en empresa familiar y en sociedades de dos o tres socios, frecuentes en el calzado del Vinalopó, el juguete de Ibi y Onil o el comercio de exportación de la zona: la rama mayoritaria que gobierna sin contar con el resto, el socio al 50% que bloquea la sociedad, el minoritario al que se le niega la información y se le cierra el dividendo hasta que se cansa o malvende su parte.

Por eso, cuando nos llega una impugnación, no la miramos aislada. La leemos dentro del conflicto completo: qué dicen los estatutos, si hay un pacto de socios que se está incumpliendo, cómo se han comportado las mayorías, qué información se te ha ocultado. A veces la jugada más útil no es solo impugnar el acuerdo concreto, sino plantear toda la situación. Y a veces lo más eficaz es un buen requerimiento previo que reconduzca las cosas antes de llegar al Juzgado de lo Mercantil de Alicante. Lo vemos contigo, hecho a hecho.

No siempre se está en el bando del que impugna. Si eres administrador, formas parte de la mayoría o eres la propia sociedad, puede que lo que te llegue sea una demanda de impugnación contra un acuerdo que consideras perfectamente válido. Y entonces el reto es el inverso: sostener que el acuerdo se aguanta.

Aquí el papel cambia de lado pero la exigencia no baja. Un socio descontento puede impugnar un acuerdo correcto confundiendo lo que no le gusta con lo que es ilegal, o intentar paralizar a la sociedad por la vía del pleito. Recibir una demanda de impugnación no significa que el otro tenga razón, igual que tampoco la tiene siempre la mayoría.

Lo que hacemos es valorar con frialdad la validez del acuerdo: si se adoptó conforme a la ley y a los estatutos, si responde a una necesidad real de la sociedad y no a un abuso, y si el defecto que alega el demandante es de los que cuentan o de los meramente formales que el artículo 204.3 deja fuera. Si el acuerdo es sólido, se defiende con firmeza para que la sociedad pueda seguir operando sin quedar secuestrada por una impugnación. Defender bien un acuerdo válido es tan importante como impugnar uno abusivo.

Y tanto para impugnar como para defender, todo se decide en la prueba: el acta de la junta, el orden del día y la forma de convocatoria, el sentido de tu voto y de tu oposición, las cuentas y la documentación económica que apuntala o desarma el acuerdo, los correos previos y los testigos de lo que se dijo. El Juzgado de lo Mercantil no anula acuerdos por corazonadas, los anula por motivos acreditados. Por eso, desde el primer momento, pensamos en clave de prueba, sin perder de vista el reloj de la caducidad, que no espera a que termines de reunir papeles.