Abogado de estatutos sociales en Bilbao

No hay que tocar los estatutos porque sí. Pero hay momentos en la vida de una empresa en los que la modificación pasa de ser opcional a ser lo lógico. Estos son los que más nos llegan:

• Entra o sale un socio. Una ampliación de capital, la venta de participaciones o la entrada de un inversor casi siempre obligan a repasar el régimen de transmisión, las mayorías y cómo queda repartido el poder. Lo que servía a los socios fundadores rara vez encaja sin retoques cuando cambia el accionariado.
• Cambia el órgano de administración. Pasar de un administrador único a dos solidarios, a mancomunados o a un consejo es una modificación estatutaria. No se hace con un acuerdo de palabra: hay que reformar los estatutos.
• Cambia el objeto social. La empresa empieza a hacer cosas que no estaban previstas, o deja de hacer otras. El objeto social que pusiste al constituir se queda corto o desfasado y conviene ajustarlo para que la actividad real coincida con la que figura en los estatutos.
• Surge un conflicto que el modelo no resolvía. Un bloqueo entre socios al cincuenta por ciento, una discusión sobre quién decide qué, un socio que ya no aporta. A veces la salida pasa por reformar los estatutos para que el siguiente choque no se tope con el mismo vacío.

En todos estos casos lo que se juega es lo mismo: que la norma interna de tu empresa diga lo que de verdad quieres que diga. Y eso no lo arregla un parche, se hace ordenando los estatutos con cabeza.

Modificar los estatutos no es retocar un papel guardado en un cajón. Es un acto con forma, regulado en los artículos 285 a 290 de la Ley de Sociedades de Capital, y conviene tener clara la secuencia antes de empezar, porque cada paso tiene su motivo.

La modificación de estatutos compete a la junta general. No la decide el administrador a solas ni se acuerda de palabra: la tiene que aprobar la junta de socios con una mayoría reforzada, por encima de la ordinaria. En la sociedad limitada se necesita el respaldo de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divide el capital social. Por eso, antes de mover ficha, conviene saber si tienes los votos. Además, los administradores deben redactar un informe que justifique la modificación propuesta, y la convocatoria de la junta tiene que dejar claros los puntos que se van a tocar.

Aprobada la modificación en junta, hay que elevarla a público, esto es, otorgar escritura pública ante notario que recoja el acuerdo y la nueva redacción. Y después, inscribir esa escritura en el Registro Mercantil. Si tu sociedad tiene su domicilio en Bilbao o en cualquier punto de la provincia, esa inscripción se practica en el Registro Mercantil de Bizkaia, que es el competente para las sociedades vizcaínas.

Este último paso es el que más gente da por hecho, y es de los importantes. Mientras la modificación no se inscribe, frente al mundo de fuera siguen valiendo los estatutos antiguos. Dicho claro: puedes haber aprobado en junta un cambio impecable, pero si no llega al Registro Mercantil de Bizkaia, para un banco, un proveedor o cualquier tercero ese cambio aún no existe. La oponibilidad frente a terceros nace con la inscripción, no con la firma del acuerdo.

Hay una confusión muy habitual y tenerla resuelta te ahorra sustos. Estatutos y pacto de socios no son lo mismo, ni cumplen la misma función.

Los estatutos son públicos. Se inscriben en el Registro Mercantil, cualquiera puede consultarlos y, por eso, son oponibles a todos: obligan a la sociedad, a los socios y a terceros. Lo que figura en los estatutos vale frente a cualquiera. A cambio, hay cosas que ahí no caben, bien porque no quieres que sean públicas, bien porque la ley no deja meterlas en el articulado.

El pacto de socios es privado. Es un acuerdo entre los socios que ni se inscribe ni se publica y que ordena vuestra relación con un detalle que los estatutos no suelen alcanzar. Como es privado, solo obliga a quienes lo firman, no a terceros. A cambio, te deja margen para pactar cosas que en los estatutos no querrías exponer.

En cristiano: lo que tiene que valer frente a todos y dar seguridad de cara afuera va en los estatutos. Lo que es asunto interno entre socios y prefieres mantener reservado va en el pacto de socios. En una empresa bien ordenada lo normal es tener las dos cosas, alineadas entre sí, sin que una contradiga a la otra. Cuando revisamos los estatutos de una sociedad que ya funciona, miramos también si hay pacto de socios y si ambos documentos se entienden o se pisan.

Conviene detenerse aquí, porque es lo que casi nadie ve venir hasta que ya es tarde. Los estatutos de modelo no dan guerra mientras todo va bien. La dan el día que algo se mueve, y entonces salen todos los problemas a la vez.

Un modelo está escrito para no incomodar a nadie y servir a cualquier empresa, lo que en la práctica significa que a la tuya no le sirve del todo. No contempla tu reparto de poder, ni tu manera de decidir, ni qué pasa si un socio en concreto quiere marcharse. Se remite a los mínimos legales y se desentiende del resto. Mientras hay buen rollo entre los socios, eso no se aprecia. Cuando se acaba, descubres que lo importante nunca quedó por escrito.

Lo vemos a menudo: sociedades que llevan años funcionando con los mismos estatutos del primer día, calcados a los de miles de empresas, que no recogen nada propio de ese negocio. Y el problema no es solo lo que falta. A veces es lo que sobra: cláusulas heredadas que nadie llegó a leer y que, llegado el momento, deciden algo que ningún socio quería. Lo que no está bien atado acaba saliendo caro, y arreglar un conflicto cuesta mucho más que reformar a tiempo unos estatutos para que ese conflicto no aparezca.

Hay una conexión que conviene tener presente desde el principio: cómo configures el órgano de administración en los estatutos no es solo cuestión de agilidad, también reparte responsabilidad.

Constituir una sociedad limita la responsabilidad del socio al capital que aporta. Es cierto y es una de las grandes ventajas de la SL. Pero la responsabilidad del administrador va por otro camino. El administrador tiene deberes legales y, si los incumple, puede acabar respondiendo con su propio patrimonio. Uno de los supuestos más típicos lo recoge el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital: cuando la sociedad cae en causa de disolución (por ejemplo, pérdidas que dejan el patrimonio por debajo de la mitad del capital) y el administrador no convoca la junta en plazo para resolverlo, puede terminar respondiendo solidariamente de las deudas sociales posteriores.

Por eso, cuando revisamos unos estatutos, miramos también quién administra y cómo está organizado el órgano: si hay administrador único, varios solidarios, mancomunados o consejo, y qué riesgo asume cada figura. Dejar esto bien definido en los estatutos es lo que evita que alguien cargue, sin saberlo, con responsabilidades que no le tocan. Se decide bien con tiempo, no cuando ya hay un problema delante.