Abogado de impugnación de acuerdos sociales en Bilbao

Esto es justo lo que mucha gente descubre tarde, y cuando lo descubre ya no hay nada que hacer. La acción para impugnar un acuerdo social tiene plazo, y no es generoso.

El artículo 205 de la Ley de Sociedades de Capital fija con carácter general un año de caducidad. Tienes un año para impugnar, contado desde que el acuerdo se adoptó o, según el caso, desde que pudiste conocerlo. Pasado ese año, el derecho caduca, y caduca del todo, por evidente que fuese el abuso. En las sociedades cotizadas el margen es aún menor: tres meses.

Hay una excepción que conviene tener clara: los acuerdos contrarios al orden público no caducan ni prescriben. Son los más graves, los que chocan con principios esenciales del ordenamiento, y se pueden impugnar siempre. Pero cuidado, porque el orden público es una categoría estrecha; no todo acuerdo ilegal entra ahí. Dar por hecho que tu caso es de orden público y dejar pasar el año puede costarte el derecho entero.

En claro: salvo ese supuesto excepcional, el reloj arranca con el acuerdo, y un año pasa volando cuando andas peleando con el día a día de la empresa. Y hay otra razón para no dormirse, más allá del plazo: cuanto antes te muevas, mejor conservas la prueba (el acta, las cuentas, los correos, lo que se dijo en la junta y quién lo escuchó). Si sospechas que te han colado un acuerdo abusivo, lo sensato es que te lo revisen cuanto antes.

No cualquiera puede impugnar cualquier acuerdo. Hay reglas concretas que conviene tener encima de la mesa antes de lanzarte.

El artículo 206 de la Ley de Sociedades de Capital reparte la legitimación así:

• Los socios que reúnan al menos el 1% del capital social, sea uno solo o varios sumando entre todos. Es un umbral pensado para que el pequeño tenga voz: no hace falta controlar la sociedad para impugnar, basta con ese 1%. Y ojo, porque los estatutos pueden rebajar ese porcentaje, así que merece la pena leer qué dicen los de tu empresa.
• Los administradores de la sociedad, que también están legitimados para impugnar.
• Cualquier tercero que acredite un interés legítimo en que el acuerdo se anule.

Para los acuerdos contrarios al orden público, los más graves, la legitimación se abre por completo: puede impugnar cualquier socio, cualquier administrador y cualquier tercero, con el porcentaje que sea.

¿Por qué te importa esto? Porque si eres un socio pequeño que se siente sin fuerza frente a la mayoría, ese 1% (o el umbral menor que fijen los estatutos) es la herramienta concreta que la ley te da para plantarte. No estás obligado a tragar por tener pocas participaciones. Lo primero que miramos es si tienes legitimación y por qué vía, porque de ahí depende todo lo que venga después.

Esto casi nadie lo tiene claro de entrada, y conviene entenderlo desde el principio. La impugnación de acuerdos sociales no se resuelve en cualquier juzgado civil. Es competencia de los Juzgados de lo Mercantil, y en concreto los del domicilio social de la empresa.

¿Qué quiere decir en la práctica? Que si la sociedad tiene su domicilio en Bilbao, la impugnación se interpone ante los Juzgados de lo Mercantil de Bilbao, los mismos que ven sociedades, competencia desleal, marcas, patentes o concursos. Es decir, jueces especializados que manejan derecho de sociedades a diario y entienden de qué va un choque entre socios. El asunto se tramita por juicio ordinario, no por el procedimiento abreviado.

Para ti esto tiene dos efectos prácticos. El primero, que la demanda hay que armarla bien desde el inicio y dirigirla al juzgado que toca, porque equivocarse de vía hace perder un tiempo que, con la caducidad de un año pisándote, no sobra. El segundo, que el foro de Bilbao es un hecho objetivo que ancla tu asunto a la ciudad al margen de dónde tenga su sede tu abogada: lo que decide la competencia es el domicilio de la sociedad, no la calle del despacho. Conocer cómo funciona esa jurisdicción y qué peso da a la prueba ayuda a calibrar la estrategia, y en impugnación de acuerdos la prueba lo es casi todo.

Hasta aquí hemos hablado sobre todo de la junta general, que es donde más conflictos saltan. Pero conviene saber que no solo se impugnan los acuerdos de la junta: también los del consejo de administración, el órgano que lleva el día a día de la sociedad. Y aquí hay matices que importan.

El artículo 251 de la Ley de Sociedades de Capital regula esta vía. Un acuerdo del consejo contrario a la ley o a los estatutos, o que lesione el interés social en beneficio de unos pocos, se puede atacar igual. Pero la legitimación y el plazo cambian respecto a la junta:

• Quién puede impugnar. Los administradores, y también los socios que representen al menos el 1% del capital social.
• El plazo es mucho más corto. La acción caduca a los treinta días. Para los administradores, desde que se adoptó el acuerdo; para los socios, desde que tuvieron conocimiento de él, siempre que no haya pasado un año desde su adopción.

Esto pesa, y mucho, en sociedades donde el poder real vive en el consejo. El socio que ve cómo el órgano de administración aprueba operaciones que le perjudican no se queda sin defensa por el hecho de que la decisión no pasara por una junta. Pero esos treinta días se evaporan, así que aquí moverse rápido es todavía más decisivo que con los acuerdos de la junta.

Un pleito de impugnación lleva su tiempo, y mientras tanto el acuerdo impugnado puede seguir surtiendo efectos y causando un daño que luego cuesta reparar. Para eso están las medidas cautelares, una de las piezas que más se agradece cuando el acuerdo aprieta de verdad.

Junto con la demanda de impugnación, o incluso antes en casos urgentes, se puede pedir al juzgado que adopte medidas para que el acuerdo no haga daño mientras se decide el fondo. Las dos más habituales son:

• La suspensión del acuerdo impugnado, para que no se ejecute ni produzca efectos hasta que el juez resuelva. Es lo que evita que, por ejemplo, una ampliación de capital pensada para diluirte se consume antes de que termine el pleito.
• La anotación preventiva de la demanda en el Registro Mercantil, que avisa a terceros de que ese acuerdo está siendo impugnado y protege tu posición frente a quien quiera ampararse en él.

No son automáticas: hay que justificar al juzgado que existe apariencia de buen derecho y que esperar a la sentencia te causaría un perjuicio difícil de reparar. Por eso conviene plantearlas bien desde el primer momento y con la prueba ordenada. Pedir la cautelar adecuada en el momento justo puede ser la diferencia entre frenar el daño a tiempo y ganar un pleito sobre algo que ya no tiene arreglo.

Una impugnación de acuerdos casi nunca viene sola. Suele ser la punta del iceberg: detrás hay un conflicto entre socios que lleva tiempo gestándose y que revienta en la junta. Lo vemos una y otra vez en empresas de Bilbao y de Bizkaia, sobre todo en empresa familiar y en sociedades de dos o tres socios: la rama mayoritaria que gobierna sin contar con el resto, el socio al 50% que bloquea cualquier decisión, el minoritario al que se le niega la información y se le corta el dividendo hasta que se harta o malvende su parte.

Por eso, cuando nos llega una impugnación, no la miramos suelta. La leemos dentro del conflicto completo: qué dicen los estatutos, si hay un pacto de socios que se está incumpliendo, cómo se ha comportado la mayoría, qué información se te ha negado. A veces la mejor jugada no es solo impugnar el acuerdo concreto, sino plantear la situación entera. Y a veces lo más eficaz es un buen requerimiento previo que reconduzca las cosas antes de llegar al Juzgado de lo Mercantil de Bilbao. Lo vemos contigo, hecho a hecho.

No siempre estás en el lado del que impugna. Si eres administrador, formas parte de la mayoría o eres la propia sociedad, puede que lo que te llegue sea una demanda de impugnación contra un acuerdo que tú consideras correcto. Entonces el problema se da la vuelta: hay que defender que el acuerdo se sostiene.

Aquí cambia el bando, pero no la exigencia. Un socio descontento puede impugnar un acuerdo válido confundiendo lo que no le gusta con lo que es ilegal, o tratar de paralizar a la sociedad por la vía del pleito. Recibir una demanda de impugnación no significa que el otro tenga razón, igual que tampoco la tiene siempre la mayoría.

Lo que hacemos es estudiar la validez del acuerdo con rigor: si se adoptó conforme a la ley y a los estatutos, si responde a una necesidad real de la sociedad y no a un abuso, y si el defecto que alega el demandante es de los que cuentan o de los meramente formales que el artículo 204.3 deja fuera. Si el acuerdo es sólido, se defiende con firmeza para que la sociedad pueda seguir operando sin quedar atrapada por una impugnación. Defender bien un acuerdo válido es tan importante como impugnar uno abusivo.

Y tanto para impugnar como para defender, todo se juega en la prueba: el acta de la junta, el orden del día y la forma de convocatoria, el sentido de tu voto y de tu oposición, las cuentas y la documentación económica que sostiene o desmonta el acuerdo, los correos previos y quien pueda declarar sobre lo que se dijo. El Juzgado de lo Mercantil no anula acuerdos por intuiciones, los anula por motivos acreditados. Por eso, desde el primer día, pensamos en clave de prueba, sin perder de vista el reloj de la caducidad, que no espera a que termines de reunir papeles.