Abogado de estatutos sociales en Zaragoza

No se tocan los estatutos por capricho. Pero hay momentos en la vida de una sociedad en los que modificarlos deja de ser una opción y pasa a ser lo razonable. Estos son los que más se repiten:

• Entra o sale un socio. Una ampliación de capital, la venta de participaciones o la entrada de un inversor casi siempre obligan a repasar el régimen de transmisión, las mayorías y el reparto de poder. Lo que valía para los fundadores rara vez encaja tal cual cuando cambia el accionariado.
• Cambia el órgano de administración. Pasar de administrador único a dos solidarios, a mancomunados o a un consejo es una modificación estatutaria. No se arregla con un acuerdo de pasillo: hay que tocar los estatutos.
• Cambia el objeto social. La empresa empieza a hacer cosas que no estaban previstas, o deja de hacer otras. El objeto social que pusiste al constituir se queda viejo y conviene ajustarlo para que lo que de verdad haces y lo que dicen los estatutos vayan a una.
• Salta un conflicto que el modelo no resolvía. Un bloqueo entre socios al cincuenta por ciento, una bronca sobre quién decide qué, un socio que ya no arrima el hombro. A veces la salida pasa por reformar los estatutos para que el siguiente choque no se encuentre con el mismo vacío.

En todos estos casos lo que se juega es lo mismo: que la norma interna de tu empresa diga lo que de verdad quieres que diga. Y eso no lo cose un parche; se hace ordenando los estatutos con cabeza.

Modificar los estatutos no es cambiar un papel guardado en un cajón. Es un acto con forma, regulado en los artículos 285 a 290 de la Ley de Sociedades de Capital, y conviene tener clara la secuencia antes de meterse, porque cada paso tiene su sentido.

La modificación de estatutos es competencia de la junta general. No la decide el administrador por su cuenta ni se acuerda de palabra: la tiene que aprobar la junta de socios con una mayoría reforzada, por encima de la ordinaria. En la sociedad limitada hace falta el respaldo de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divide el capital social. Por eso, antes de mover ficha, conviene saber si tienes los votos. Además, los administradores deben redactar un informe que justifique la modificación propuesta, y la convocatoria de la junta tiene que dejar claros los puntos que se van a tocar.

Aprobada la modificación en junta, hay que elevarla a público, es decir, otorgar escritura pública ante notario que recoja el acuerdo y la nueva redacción. Y luego, inscribir esa escritura en el Registro Mercantil. Si tu sociedad tiene su domicilio en Zaragoza, esa inscripción se practica en el Registro Mercantil de Zaragoza, el de tu provincia.

Este último paso es el que más gente se salta con la mirada, y es el que sostiene todo. Mientras la modificación no se inscribe, de puertas afuera siguen valiendo los estatutos antiguos. En cristiano: puedes haber aprobado en junta un cambio impecable, pero si no llega al Registro Mercantil de Zaragoza, para un banco, un proveedor o cualquier tercero ese cambio todavía no existe. La oponibilidad frente a terceros nace con la inscripción, no con la firma del acuerdo.

Aquí hay una confusión muy extendida, y entenderla bien te ahorra disgustos. Estatutos y pacto de socios no son lo mismo ni sirven para lo mismo.

Los estatutos son públicos. Se inscriben en el Registro Mercantil, cualquiera puede consultarlos y, por eso mismo, valen frente a todos: obligan a la sociedad, a los socios y a terceros. Lo que está en los estatutos pesa frente al mundo. A cambio, hay cosas que no caben ahí, porque no quieres airearlas o porque la ley no deja meterlas en el articulado.

El pacto de socios es privado. Es un acuerdo entre los socios que no se inscribe ni se publica, y que regula la relación entre vosotros con un detalle que los estatutos no suelen alcanzar. Al ser privado, solo obliga a quienes lo firman, no a terceros. A cambio, te deja acordar cosas que en los estatutos no querrías exponer.

En cristiano: lo que tiene que valer frente a todos y dar seguridad hacia fuera va en los estatutos. Lo que es asunto interno entre socios y prefieres guardar va en el pacto de socios. Lo sensato en una empresa bien ordenada es tener las dos cosas, encajadas entre sí, sin que una desmienta a la otra. Cuando revisamos los estatutos de una sociedad en marcha, miramos también si hay pacto de socios y si los dos documentos se entienden o se pisan.

Merece la pena frenar aquí, porque es lo que casi nadie ve hasta que ya es tarde. Los estatutos de modelo no dan guerra mientras todo va bien. La dan el día que algo cambia, y entonces la dan toda junta.

Un modelo está escrito para no incomodar a nadie y servir a cualquier empresa, lo que significa que no sirve del todo a la tuya. No recoge tu reparto de poder, ni tu manera de decidir, ni qué ocurre si un socio concreto se quiere marchar. Remite a los mínimos legales y se desentiende del resto. Mientras hay buena sintonía entre socios, no se aprecia. Cuando se rompe, descubres que lo importante nunca se puso por escrito.

Lo vemos a menudo: sociedades que llevan años funcionando con los mismos estatutos del primer día, calcados a los de miles de empresas, que no contemplan nada propio de ese negocio. Y el problema no es solo lo que falta. A veces es lo que sobra: cláusulas heredadas que nadie leyó y que, llegado el momento, deciden algo que ningún socio quería. Lo que no está bien atado se paga, y arreglar un conflicto cuesta mucho más que reformar a tiempo unos estatutos para que ese conflicto ni asome.

Hay una conexión que conviene tener clara desde el primer día: cómo configures el órgano de administración en los estatutos no es solo cuestión de agilidad, también reparte responsabilidad.

Montar una sociedad limita la responsabilidad del socio al capital que aporta. Eso es cierto y es una de las grandes ventajas de la SL. Pero la responsabilidad del administrador va por otro lado. El administrador tiene deberes legales y, si los incumple, puede responder con su propio patrimonio. Uno de los casos más típicos lo recoge el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital: cuando la sociedad cae en causa de disolución (por ejemplo, pérdidas que dejan el patrimonio por debajo de la mitad del capital) y el administrador no convoca la junta en plazo para resolverlo, puede acabar respondiendo solidariamente de las deudas sociales posteriores.

Por eso, cuando revisamos unos estatutos, miramos también quién administra y cómo está organizado el órgano: si hay administrador único, varios solidarios, mancomunados o consejo, y qué riesgo asume cada figura. Dejar esto bien definido en los estatutos es lo que evita que alguien cargue, sin saberlo, con responsabilidades que no le tocaban. Se decide bien con calma, no cuando ya hay un problema encima de la mesa.