Abogado de estatutos sociales en Sevilla

Los estatutos no se tocan por capricho. Pero hay momentos en la vida de una empresa en los que la reforma deja de ser opcional y pasa a ser lo razonable. Estos son los que más nos llegan:

• Entra o sale un socio. Una ampliación de capital, la compraventa de participaciones o la entrada de un inversor casi siempre obligan a repasar el régimen de transmisión, las mayorías y el reparto del poder. Lo que servía para los socios fundadores rara vez encaja sin ajustes cuando el accionariado se mueve.
• Cambia el órgano de administración. Pasar de un administrador único a dos solidarios, a mancomunados o a un consejo es una modificación estatutaria. No se resuelve con un acuerdo de palabra: hay que reformar los estatutos.
• Cambia el objeto social. La empresa empieza a hacer cosas que no estaban contempladas, o deja de hacer otras. El objeto social que fijaste al constituir se queda corto o desfasado y conviene ajustarlo para que la actividad real y la que recogen los estatutos coincidan.
• Estalla un conflicto que el modelo no preveía. Un bloqueo entre socios al cincuenta por ciento, una pelea sobre quién decide qué, un socio que ya no aporta. A veces la salida pasa por reformar los estatutos para que el siguiente choque no se encuentre el mismo hueco.

En todos estos casos lo que está en juego es el mismo principio: que la norma interna de tu empresa diga lo que de verdad quieres que diga. Y eso no lo resuelve un parche, se logra ordenando los estatutos con criterio.

Modificar los estatutos no es retocar un documento guardado en un cajón. Es un acto con forma, regulado en los artículos 285 a 290 de la Ley de Sociedades de Capital, y vale la pena entender la secuencia antes de meterse, porque cada paso tiene su razón.

La modificación de estatutos es competencia de la junta general. No la decide el administrador a su aire ni se acuerda de viva voz: tiene que aprobarla la junta de socios con una mayoría reforzada, por encima de la ordinaria. En la sociedad limitada hace falta el respaldo de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divide el capital social. Por eso, antes de mover ficha, conviene saber si reúnes los votos. Además, los administradores deben redactar un informe que justifique la modificación propuesta, y la convocatoria de la junta tiene que expresar con claridad los puntos que se van a tocar.

Una vez aprobada la modificación en junta, hay que elevarla a público, esto es, otorgar escritura ante notario que recoja el acuerdo y la nueva redacción. Y después, inscribir esa escritura en el Registro Mercantil. Si tu sociedad tiene su domicilio en Sevilla, esa inscripción se practica en el Registro Mercantil de Sevilla, el de tu provincia.

Este último paso es el que más gente da por menor, y es decisivo. Mientras la modificación no se inscribe, de cara al mundo de fuera siguen rigiendo los estatutos antiguos. En cristiano: puedes haber aprobado en junta un cambio impecable, pero si no llega al Registro Mercantil de Sevilla, para un banco, un proveedor o cualquier tercero ese cambio todavía no existe. La oponibilidad frente a terceros nace con la inscripción, no con la firma del acuerdo.

Aquí hay una confusión muy extendida, y entenderla bien te quita disgustos. Estatutos y pacto de socios no son lo mismo, ni cubren lo mismo.

Los estatutos son públicos. Se inscriben en el Registro Mercantil, cualquiera puede consultarlos y, por eso mismo, son oponibles a todos: obligan a la sociedad, a los socios y a terceros. Lo que está en los estatutos vale frente al mundo. A cambio, hay cosas que no caben ahí, porque no quieres airearlas o porque la ley no admite incluirlas en el articulado.

El pacto de socios es privado. Es un acuerdo entre los socios que no se inscribe ni se publica, y que regula la relación entre vosotros con un nivel de detalle que los estatutos rara vez alcanzan. Al ser privado, solo obliga a quienes lo firman, no a terceros. A cambio, te da margen para acordar cuestiones que en los estatutos no querrías sacar a la luz.

Traducido: lo que tiene que valer frente a todos y dar seguridad pública va en los estatutos. Lo que es asunto interno entre socios y prefieres mantener reservado va en el pacto de socios. Lo sensato en una empresa bien ordenada es tener las dos cosas, encajadas entre sí, sin que una contradiga a la otra. Cuando revisamos los estatutos de una sociedad que ya funciona, miramos también si hay pacto de socios y si los dos documentos se entienden o se pisan.

Conviene detenerse aquí, porque es lo que casi nadie ve hasta que ya es tarde. Los estatutos de modelo no dan guerra mientras todo marcha. La dan el día que algo cambia, y entonces la dan toda de golpe.

Una plantilla está redactada para no incomodar a nadie y servir a cualquier empresa, lo que significa que no sirve del todo a la tuya. No contempla tu reparto de poder, ni tu forma de decidir, ni qué pasa si un socio concreto se quiere ir. Remite a los mínimos legales y se desentiende del resto. Mientras hay buena sintonía entre los socios, eso no se nota. Cuando deja de haberla, descubres que lo importante nunca quedó escrito.

Lo vemos a menudo: sociedades que llevan años funcionando con los mismos estatutos del primer día, calcados a los de miles de empresas, que no recogen nada de lo propio de ese negocio. Y el problema no es solo lo que falta. A veces es lo que sobra: cláusulas heredadas que nadie llegó a leer y que, llegado el momento, deciden algo que ningún socio quería. Lo que no queda bien atado sale caro, y arreglar un conflicto cuesta mucho más que reformar a tiempo unos estatutos para que ese conflicto no llegue.

Hay una conexión que conviene tener clara desde el primer día: cómo configures el órgano de administración en los estatutos no es solo una cuestión de agilidad, también reparte responsabilidad.

Constituir una sociedad limita la responsabilidad del socio al capital que aporta. Eso es cierto y es una de las grandes ventajas de la SL. Pero la responsabilidad del administrador es otro asunto. El administrador tiene deberes legales y, si los incumple, puede responder con su propio patrimonio. Uno de los casos más típicos lo recoge el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital: cuando la sociedad incurre en causa de disolución (por ejemplo, pérdidas que dejan el patrimonio por debajo de la mitad del capital) y el administrador no convoca la junta en plazo para resolver la situación, puede acabar respondiendo solidariamente de las deudas sociales posteriores.

Por eso, cuando revisamos unos estatutos, miramos también quién administra y cómo está organizado el órgano: si hay administrador único, varios solidarios, mancomunados o consejo, y qué riesgos asume cada figura. Dejar esto bien definido en los estatutos es lo que evita que alguien cargue, sin saberlo, con responsabilidades que no le tocaban. Se decide bien con tiempo, no cuando ya hay un problema encima de la mesa.