Abogado de impugnación de acuerdos sociales en Córdoba

Esto es lo que casi todo el mundo descubre con retraso, y cuando lo descubre ya no hay vuelta atrás. La acción para impugnar un acuerdo social tiene fecha de caducidad, y no es generosa.

El artículo 205 de la Ley de Sociedades de Capital establece, con carácter general, un año de caducidad. Es decir: tienes un año para impugnar, contado desde que el acuerdo se adoptó o, según el caso, desde que pudiste conocerlo. Cumplido ese año, el derecho a impugnar caduca, y caduca de forma definitiva, por flagrante que fuera el abuso. En las sociedades cotizadas el margen se estrecha aún más: tres meses.

Hay una excepción que conviene tener muy presente: los acuerdos contrarios al orden público no caducan ni prescriben. Son los supuestos más graves, los que rozan principios esenciales del ordenamiento, y se pueden impugnar en cualquier momento. Pero cuidado, porque el orden público es una categoría estrecha; no todo acuerdo ilegal cabe ahí dentro. Convencerte de que tu caso es de orden público y dejar correr el año puede salirte carísimo.

Resumiendo: salvo el supuesto excepcional del orden público, el reloj arranca con el acuerdo, y un año se esfuma cuando andas lidiando con el día a día de la empresa. Y hay un motivo más para no dormirse, aparte del plazo: cuanto antes te muevas, mejor conservas la prueba (el acta, las cuentas, los correos, los testigos de lo que se dijo en la junta). Si sospechas que te han colado un acuerdo abusivo, lo primero es que alguien le eche un vistazo sin demora.

No todo el mundo puede impugnar cualquier acuerdo. Hay reglas concretas que te interesa conocer antes de dar el paso.

El artículo 206 de la Ley de Sociedades de Capital reparte la legitimación de este modo:

• Los socios que reúnan al menos el 1% del capital social, ya sea uno solo o varios sumando entre todos. Es un umbral pensado justamente para que el minoritario tenga voz: no hace falta controlar la sociedad para impugnar, basta con ese 1%. Y ojo, porque los estatutos pueden rebajar ese porcentaje, así que conviene revisar qué dicen los vuestros.
• Los administradores de la sociedad, que también están legitimados para impugnar.
• Cualquier tercero que acredite un interés legítimo en que el acuerdo se anule.

Para los acuerdos contrarios al orden público, los más graves, la legitimación se abre por completo: puede impugnar cualquier socio, cualquier administrador y cualquier tercero, sea cual sea su porcentaje.

¿Por qué te importa esto a ti? Porque si eres un socio pequeño que se siente impotente ante la mayoría, ese 1% (o el umbral menor que marquen los estatutos) es exactamente la palanca que la ley pone en tus manos para plantarte. Tener pocas participaciones no te obliga a tragar. Lo primero que comprobamos es si tienes legitimación y por qué vía, porque de ahí depende todo lo que venga después.

Esta es una clave que casi nadie tiene clara de entrada, y conviene fijarla desde el principio. La impugnación de acuerdos sociales no se ventila en un juzgado civil cualquiera. Corresponde a los Juzgados de lo Mercantil y, en concreto, a los del domicilio social de la empresa.

¿Qué supone eso en la práctica? Que si la sociedad tiene su domicilio en Córdoba, la impugnación se interpone ante los Juzgados de lo Mercantil de Córdoba, los mismos que conocen de sociedades, competencia desleal, marcas, patentes o concursos. Es decir, jueces especializados que manejan el Derecho de Sociedades a diario y entienden cómo funciona un choque entre socios. El asunto se tramita por juicio ordinario, no por el procedimiento abreviado. Y, en su caso, los efectos registrales de la sentencia llegan al Registro Mercantil de Córdoba, donde queda inscrita la sociedad.

Para ti esto tiene dos consecuencias prácticas. La primera, que la demanda hay que armarla bien desde el arranque y dirigirla al juzgado que toca, porque equivocarse de vía hace perder un tiempo que, con la caducidad de un año respirándote en el cuello, no sobra. La segunda, que el foro de Córdoba es un dato objetivo que amarra tu asunto a la ciudad al margen de dónde tenga la oficina tu abogada: lo que fija la competencia es el domicilio de la sociedad, no la calle del despacho. Conocer cómo se mueve esa jurisdicción y qué valor le da a la prueba es lo que permite afinar la estrategia, y en impugnación de acuerdos la prueba lo es casi todo.

Hasta aquí hemos hablado sobre todo de la junta general, que es donde saltan más conflictos. Pero conviene saber que no solo se impugnan los acuerdos de la junta: también se pueden impugnar los del consejo de administración, el órgano que gobierna el día a día de la sociedad. Y ahí hay particularidades que importan.

El artículo 251 de la Ley de Sociedades de Capital regula esta vía. Un acuerdo del consejo contrario a la ley o a los estatutos, o que lesione el interés social en beneficio de unos pocos, también se puede atacar. Pero la legitimación y el plazo cambian respecto a la junta:

• Quién puede impugnar. Los administradores, y también los socios que representen al menos el 1% del capital social.
• El plazo es mucho más corto. La acción caduca en treinta días. Para los administradores, desde que se adoptó el acuerdo; para los socios, desde que tuvieron conocimiento de él, siempre que no haya pasado un año desde su adopción.

Esto pesa, y mucho, en las sociedades donde el poder real vive en el consejo. El socio que ve cómo el órgano de administración aprueba operaciones que le perjudican no se queda sin defensa solo porque la decisión no pasara por una junta. Pero esos treinta días vuelan, así que aquí moverse rápido es todavía más decisivo que con los acuerdos de la junta.

Un pleito de impugnación se toma su tiempo, y mientras tanto el acuerdo impugnado puede seguir surtiendo efectos y causando un daño que después cueste reparar. Para eso existen las medidas cautelares, una de las piezas que más se agradecen cuando el acuerdo aprieta de verdad.

Junto con la demanda de impugnación, o incluso antes en casos urgentes, se le puede pedir al juzgado que adopte medidas para que el acuerdo no haga daño mientras se resuelve el fondo. Las dos más habituales son:

• La suspensión del acuerdo impugnado, para que no se ejecute ni produzca efectos hasta que el juez decida. Es lo que evita, por ejemplo, que una ampliación de capital diseñada para diluirte se consume antes de que el pleito acabe.
• La anotación preventiva de la demanda en el Registro Mercantil de Córdoba, que advierte a terceros de que ese acuerdo está siendo impugnado y protege tu posición frente a quien pretenda ampararse en él.

No son automáticas: hay que justificarle al juzgado que existe apariencia de buen derecho y que esperar a la sentencia te causaría un perjuicio difícil de reparar. Por eso conviene plantearlas bien desde el primer momento y con la prueba ordenada. Pedir la cautelar adecuada, en el instante oportuno, puede ser la diferencia entre ganar un pleito sobre algo que ya no tiene arreglo y frenar el daño a tiempo.

Una impugnación de acuerdos casi nunca viene sola. Suele ser la punta del iceberg: debajo hay un conflicto entre socios que lleva tiempo cociéndose y que revienta en la junta. Lo vemos una y otra vez en sociedades de Córdoba, sobre todo en empresa familiar y en sociedades de dos o tres socios, ese tejido de negocio agroalimentario, comercio, joyería y servicios que vertebra la provincia: la rama mayoritaria que gobierna sin contar con el resto, el socio al 50% que bloquea la sociedad, el minoritario al que se le niega la información y se le cierra el grifo del dividendo hasta que se cansa o malvende su parte.

Por eso, cuando nos llega una impugnación, no la miramos en aislado. La leemos dentro del conflicto entero: qué dicen los estatutos, si hay un pacto de socios que se está incumpliendo, cómo se han comportado las mayorías, qué información se te ha negado. A veces la mejor jugada no es solo impugnar el acuerdo concreto, sino abordar la situación completa. Y a veces lo más eficaz es un buen requerimiento previo que reconduzca las cosas antes de pisar el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba. Eso lo vemos contigo, hecho a hecho.

No siempre se está en el lado del que impugna. Si eres administrador, perteneces a la mayoría o eres la propia sociedad, puede que lo que te llegue sea una demanda de impugnación contra un acuerdo que tú tienes por perfectamente válido. Y ahí el problema es justo el inverso: demostrar que el acuerdo se sostiene.

Aquí cambia el bando, pero no la exigencia. Un socio descontento puede impugnar un acuerdo correcto confundiendo lo que no le gusta con lo que es ilegal, o intentar paralizar a la sociedad por la vía del pleito. Recibir una demanda de impugnación no significa que el otro lleve razón, igual que tampoco la lleva siempre la mayoría.

Lo que hacemos es analizar en frío la validez del acuerdo: si se adoptó conforme a la ley y a los estatutos, si responde a una necesidad real de la sociedad y no a un abuso, y si el defecto que invoca el demandante es de los que cuentan o de los meramente formales que el artículo 204.3 deja fuera. Si el acuerdo es sólido, se defiende con firmeza para que la sociedad pueda seguir operando sin quedar secuestrada por una impugnación. Defender bien un acuerdo válido es tan importante como impugnar uno abusivo.

Y tanto para impugnar como para defender, todo se decide en la prueba: el acta de la junta, el orden del día y la forma de convocatoria, el sentido de tu voto y de tu oposición, las cuentas y la documentación económica que sostiene o derriba el acuerdo, los correos previos y los testigos de lo que se dijo. El Juzgado de lo Mercantil no anula acuerdos por corazonadas, los anula por motivos acreditados. Por eso, desde el minuto uno, pensamos en clave de prueba, sin perder de vista el reloj de la caducidad, que no espera a que termines de juntar papeles.