Abogado de estatutos sociales en Málaga

Modificar los estatutos por capricho no tiene sentido. Pero hay encrucijadas en la vida de una sociedad donde la reforma deja de ser opcional y pasa a ser lo prudente. Estas son las que más se repiten:

• Entra o sale un socio. Una ampliación de capital, la venta de participaciones o la llegada de un inversor obligan casi siempre a repensar el régimen de transmisión, las mayorías y el equilibrio de poder. Lo que funcionaba entre los fundadores rara vez sirve tal cual cuando el accionariado se mueve.
• Cambia el órgano de administración. Pasar de un administrador único a dos solidarios, a mancomunados o a un consejo es una modificación estatutaria. No se resuelve con un acuerdo de palabra: hay que reformar los estatutos.
• Cambia el objeto social. La empresa empieza a dedicarse a actividades que no estaban contempladas, o abandona otras. El objeto social que fijaste al constituir se queda corto o desactualizado y conviene ajustarlo para que lo que haces y lo que dicen tus estatutos vayan de la mano.
• Estalla un conflicto que el modelo no preveía. Un bloqueo entre dos socios al cincuenta por ciento, una pelea sobre quién tiene la última palabra, un socio que ya no rema. A veces la única salida pasa por reformar los estatutos para que el siguiente choque no tropiece con el mismo hueco.

En todos estos escenarios se juega lo mismo: que la norma interna de tu empresa exprese lo que de verdad quieres que exprese. Y eso no se resuelve con un remiendo, se logra ordenando los estatutos con criterio.

Modificar los estatutos no consiste en reescribir un papel guardado. Es un acto con forma propia, regulado en los artículos 285 a 290 de la Ley de Sociedades de Capital, y vale la pena conocer la secuencia antes de empezar, porque cada fase responde a una razón.

La modificación de estatutos compete a la junta general. No la decide el administrador a su antojo ni se cierra de palabra: la tiene que aprobar la junta de socios con una mayoría reforzada, por encima de la ordinaria. En la sociedad limitada se necesita el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divide el capital social. Por eso, antes de poner nada en marcha, conviene contar bien si tienes esos votos. Además, los administradores deben elaborar un informe que justifique la modificación propuesta, y la convocatoria de la junta ha de expresar con claridad qué puntos se van a tocar.

Aprobada la modificación en junta, hay que elevarla a público, esto es, otorgar escritura pública ante notario que recoja el acuerdo y la nueva redacción. Y a continuación, inscribir esa escritura en el Registro Mercantil. Si el domicilio de tu sociedad está en Málaga, esa inscripción se practica en el Registro Mercantil de Málaga, el de tu provincia.

Este paso final es el que más gente da por hecho, y resulta determinante. Mientras la modificación no se inscribe, de cara al exterior siguen vigentes los estatutos antiguos. En cristiano: puedes haber aprobado en junta una reforma impecable, pero si no llega al Registro Mercantil de Málaga, para un banco, un proveedor o cualquier tercero ese cambio aún no ha ocurrido. La oponibilidad frente a terceros nace con la inscripción, no con la firma del acuerdo en junta.

Aquí se cuela una confusión muy común, y aclararla a tiempo te evita sustos. Estatutos y pacto de socios no son lo mismo ni cumplen la misma función.

Los estatutos son públicos. Se inscriben en el Registro Mercantil, cualquiera puede consultarlos y, por eso mismo, son oponibles a todos: vinculan a la sociedad, a los socios y a terceros. Lo que figura en los estatutos vale frente al exterior. A cambio, hay materias que no encajan ahí, porque no quieres que sean públicas o porque la ley no admite incluirlas en el articulado.

El pacto de socios es privado. Es un acuerdo entre los socios que no se inscribe ni se publica, y que regula la relación entre vosotros con un detalle que los estatutos rara vez alcanzan. Al ser privado, solo obliga a quienes lo firman, nunca a terceros. A cambio, te da margen para acordar cuestiones que no querrías sacar a la luz en los estatutos.

En cristiano: lo que tiene que valer frente a todos y aportar seguridad pública va en los estatutos. Lo que es asunto interno entre socios y prefieres mantener reservado va en el pacto de socios. En una empresa bien ordenada lo normal es tener ambos documentos, coordinados entre sí, de modo que uno no contradiga al otro. Cuando revisamos los estatutos de una sociedad ya en funcionamiento, comprobamos también si existe pacto de socios y si los dos textos se complementan o se pisan.

Hay una conexión que conviene tener presente desde el primer día: cómo configures el órgano de administración en los estatutos no afecta solo a la agilidad de la empresa, también distribuye responsabilidad.

Constituir una sociedad limita la responsabilidad del socio al capital que aporta. Es cierto y es una de las grandes ventajas de la SL. Pero la responsabilidad del administrador es otro asunto. El administrador tiene deberes legales y, si los desatiende, puede llegar a responder con su patrimonio personal. Uno de los supuestos más típicos lo contempla el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital: cuando la sociedad cae en causa de disolución (por ejemplo, pérdidas que sitúan el patrimonio por debajo de la mitad del capital) y el administrador no convoca la junta en plazo para encarar la situación, puede acabar respondiendo solidariamente de las deudas sociales nacidas después.

Por eso, al revisar unos estatutos, miramos también quién administra y cómo está montado el órgano: si hay administrador único, varios solidarios, mancomunados o consejo, y qué riesgo asume cada figura. Dejar esto bien definido en los estatutos es lo que impide que alguien cargue, sin enterarse, con responsabilidades que no le tocaban. Se decide bien en frío, no cuando ya hay un incendio encima de la mesa.